A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nuevos análisis sobre restos humanos recuperados en Iguala y otros puntos de Guerrero volvieron a abrir líneas de investigación, mientras las familias mantienen sus reclamos por la falta de resultados para conocer el paradero de los estudiantes.
Más de 20 bolsas con fragmentos sometidos a altas temperaturas, conocidas como “petrosas” por su dureza, estarían ahora bajo estudios especializados. Algunas fueron recuperadas en el basurero de Cocula, el río San Joaquín y sitios relacionados con la funeraria El Ángel. Hasta ahora no existen resultados que confirmen que los restos correspondan a alguno de los 43 normalistas.
Las nuevas pesquisas han colocado bajo especial atención a la funeraria El Ángel, en Iguala, que desde 2011 tenía bajo concesión gubernamental la operación del Servicio Médico Forense (Semefo), precisamente durante el primer año de la administración del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
De acuerdo con la información conocida recientemente, el establecimiento contaba con tres hornos crematorios y uno de ellos habría funcionado sin registro oficial, por lo que ahora es identificado como un crematorio clandestino. Una de las líneas de investigación señala que una bolsa con posibles restos humanos permaneció durante años almacenada en esa zona sin recibir el análisis que actualmente se considera necesario.
El inmueble está bajo resguardo desde octubre de 2025 y posteriormente fue cateado. En marzo de 2026, padres de los normalistas recorrieron el lugar después de ser informados del hallazgo de una bolsa con segmentos óseos etiquetada con el año 2014. Las familias solicitaron que especialistas independientes realizaran los estudios genéticos correspondientes.
Las autoridades también han realizado nuevas búsquedas dentro del terreno ante la posibilidad de localizar más restos. Sin embargo, existen interrogantes sobre cuál de los predios y crematorios de El Ángel funcionaba en septiembre de 2014, pues representantes de las familias han señalado que las instalaciones se encontraban entonces en otra ubicación.
El vínculo con el gobierno de Ángel Aguirre parte, hasta ahora, de la concesión del Semefo otorgada a la funeraria durante su administración, dato que vuelve relevante revisar qué controles y conocimiento tenían las autoridades estatales sobre sus instalaciones. Esto no prueba por sí mismo una participación de Aguirre en las actividades del crematorio. El exgobernador, sin embargo, fue vinculado a proceso en agosto de 2026 por desaparición forzada dentro del caso Ayotzinapa, en una investigación distinta relacionada con el presunto ocultamiento y destrucción de evidencia.
Padres exigen regreso de expertos y apertura de archivos de Defensa
Tras reunirse el 27 de agosto con la presidenta Claudia Sheinbaum, los familiares insistieron en incorporar nuevamente expertos independientes a la investigación y obtener más de 800 folios y registros militares que atribuyen al Centro Regional de Fusión de Inteligencia de 2014.
Los padres cuestionaron que aún existan documentos militares que, aseguran, no han sido entregados en su totalidad y establecieron como una de sus principales demandas la apertura completa de los archivos:
“No aceptaremos simulaciones ni informes públicos parciales hasta que el último documento en poder de la Sedena sea puesto a disposición de la búsqueda de nuestros hijos”, expresaron.
También plantearon la participación de integrantes del antiguo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sheinbaum ha explicado previamente que ese grupo ya no opera bajo la misma figura, aunque su gobierno ha buscado ante la ONU la posibilidad de incorporar especialistas independientes para revisar las investigaciones.
A menos de un mes del 12 aniversario de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, las familias mantienen como prioridad conocer el paradero de los estudiantes y exigen que las nuevas diligencias se traduzcan en resultados verificables.
Fotografía: Redes
