El PAN busca arrancar el nuevo periodo de sesiones en el Congreso con una propuesta para endurecer hasta 140 años las penas contra servidores públicos vinculados con el narcotráfico, una iniciativa que el partido presenta como respuesta a la impunidad. La propuesta contempla sanciones de entre 80 y 140 años de prisión, además de multas de hasta 24 mil días, para quienes sean encontrados responsables de estos delitos.
El coordinador panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, planteó que las nuevas sanciones deben impedir que funcionarios relacionados con el crimen organizado recuperen su libertad. El legislador presentó la iniciativa como una forma de establecer castigos equivalentes a una cadena perpetua y sostuvo que México requiere una nueva etapa en materia de combate a la impunidad.
Sin embargo, el planteamiento del PAN también se convirtió en un nuevo frente de confrontación contra Morena y el Gobierno federal. Lixa condicionó el alcance de la propuesta a que el oficialismo demuestre que está dispuesto a combatir cualquier vínculo con organizaciones criminales, mientras acusó al gobierno de mantener una supuesta complacencia con actores señalados por el propio partido.
Del combate al narco a la disputa política contra Morena
Entre los argumentos utilizados por Acción Nacional aparecen los señalamientos relacionados con políticos de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Lixa cuestionó las medidas políticas adoptadas alrededor de ambos casos y sostuvo que pedir una licencia o modificar la integración de una bancada no representa, por sí mismo, una respuesta suficiente frente a acusaciones de posibles nexos criminales.
El PAN utiliza estos casos para reforzar su exigencia de penas severas e imprescriptibilidad para los delitos relacionados con el narcotráfico, de manera que puedan perseguirse incluso después de transcurridos varios años. La propuesta busca así llevar al terreno legislativo una discusión que Acción Nacional ha utilizado también para cuestionar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
La iniciativa panista contempla que los delitos vinculados con funcionarios y narcotráfico no prescriban, con el objetivo de mantener abierta su persecución legal. Mientras el PAN coloca el endurecimiento de las penas como bandera contra la impunidad, la propuesta también profundiza su estrategia de presión política sobre Morena, al exigirle demostrar con hechos su posición frente a los señalamientos de vínculos entre funcionarios y crimen organizado.
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