La ministra en retiro Norma Piña reapareció públicamente para cuestionar la reforma judicial y advertir riesgos en materia de certeza jurídica e independencia de los juzgadores, un año después de dejar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su intervención ocurrió en la Escuela Libre de Derecho, cuando el nuevo Poder Judicial ya cumple su primer año bajo una estructura distinta a la que ella encabezó.
Piña sostuvo que existen “focos rojos” relacionados con la seguridad jurídica, la inversión, las empresas y el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, ella misma reconoció que todavía ha transcurrido poco tiempo para realizar una evaluación definitiva de los resultados de la reforma. Sus advertencias representan así una valoración crítica desde su experiencia como expresidenta de la Corte, pero no un diagnóstico concluyente sobre el funcionamiento completo del nuevo modelo.
La exministra también cuestionó la forma en que se diseñaron los cambios constitucionales y consideró que faltó un diagnóstico suficiente antes de transformar al Poder Judicial. Como argumento, señaló que algunos aspectos tuvieron que ser modificados antes de cumplir un año. La reforma, sin embargo, siguió un proceso constitucional y legislativo que posteriormente desembocó en la primera elección popular de ministros, magistrados y jueces federales, modificando profundamente el sistema que operó durante la presidencia de Piña.
Su reaparición incluyó además una ironía sobre los llamados “acordeones” que marcaron la discusión alrededor de la elección judicial, al presentarse con uno de ellos durante su exposición. El comentario reforzó el tono crítico de Piña frente al nuevo mecanismo de selección de juzgadores, aunque esa referencia por sí misma no permite establecer irregularidades generalizadas en el proceso electoral ni sustituye la evaluación jurídica de sus resultados.
Con su regreso al debate público, Norma Piña se consolida como una de las voces provenientes del antiguo Poder Judicial que cuestionan la transformación impulsada desde 2024. Sus señalamientos reabren la discusión sobre independencia, certeza jurídica y funcionamiento institucional, pero el balance del nuevo sistema tendrá que construirse también a partir de sus resultados concretos. A un año de su implementación, la disputa ya no gira únicamente alrededor de quienes apoyaron o rechazaron la reforma, sino de si la nueva estructura consigue responder a los problemas de justicia que motivaron su transformación.
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