El respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos son obligaciones fundamentales de las autoridades y una condición indispensable para fortalecer la vida democrática, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.
Durante la develación de la placa conmemorativa por el 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), el mandatario señaló que su administración tiene la responsabilidad constitucional de garantizar las libertades y los derechos de las personas.
“Estamos convencidos de que un gobierno democrático cumple con sus obligaciones a partir del ejercicio de los derechos, un gobierno tirano, dictatorial violenta los derechos”, expresó Armenta Mier.
El gobernador sostuvo que la protección de los derechos humanos no puede permanecer únicamente como un principio establecido en la ley, sino que debe reflejarse en las decisiones y acciones de las instituciones, siempre bajo criterios de legalidad.
En ese sentido, destacó que el Plan Estatal de Desarrollo, con una visión hacia 2030, contempla la construcción de un Estado moderno, donde la población pueda ejercer plenamente sus derechos y acceder a condiciones que impulsen su desarrollo.
Armenta explicó que su administración trabaja de manera coordinada con los poderes Legislativo y Judicial, además de los organismos autónomos, bajo tres ejes principales: seguridad, justicia y riqueza comunitaria.
El propósito, indicó, es generar mayores oportunidades y avanzar hacia una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo, mediante políticas públicas con una visión de inclusión social que coloque a las personas en el centro de las decisiones.
También destacó que la Bioética Social forma parte de las directrices del Plan Estatal de Desarrollo y recoge principios del Humanismo Mexicano impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la presidenta de la CDHP, Rosa Isela Sánchez Soya, señaló que el organismo funciona como un vínculo entre la ciudadanía y el Estado, especialmente ante las desigualdades que durante años han marcado esa relación.
“El poder público existe para servir a las personas, no para estar encima de ellas”, expresó.
Recordó que la Comisión estatal inició funciones el 6 de septiembre de 1993 y actualmente conmemora 33 años de servicio a la sociedad poblana. Asimismo, llamó a las autoridades a considerar las recomendaciones de derechos humanos como instrumentos para corregir prácticas, mejorar procesos y fortalecer las instituciones públicas.
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