El Congreso de Puebla recibió una iniciativa para reforzar la prevención y detección de posibles casos de trata de personas y explotación sexual en bares, centros nocturnos, hoteles, salas de masaje y otros establecimientos que, por sus características, puedan presentar factores de riesgo.
La diputada Delfina Pozos Vergara propuso reformar la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas con el objetivo de incorporar nuevas obligaciones para este tipo de negocios y fortalecer la actuación de las autoridades municipales.
La iniciativa plantea que bares, cabarets, establecimientos con espectáculos para adultos, hoteles, espacios de hospedaje y salas de masaje cuenten con un protocolo interno para prevenir, detectar y atender posibles casos de trata y explotación sexual.
Este mecanismo deberá incluir capacitación periódica para el personal, identificación de factores de riesgo, medidas para evitar la revictimización y canales de comunicación inmediata con las autoridades.
Protocolos podrían convertirse en requisito para obtener licencias
Cada establecimiento tendría que designar a una persona responsable de aplicar el protocolo, atender reportes y mantener coordinación con las autoridades correspondientes.
Además, los negocios deberán contar con botones o teléfonos de emergencia, sistemas de comunicación directa y números visibles para solicitar ayuda, así como avisos accesibles con información sobre denuncia y atención a posibles víctimas.
La propuesta establece que los establecimientos tendrían que acreditar estas medidas para obtener, renovar o refrendar sus licencias, permisos o autorizaciones de funcionamiento.
El planteamiento busca que la “prevención, detección y atención” de posibles casos forme parte de las condiciones mínimas de operación en establecimientos donde puedan presentarse situaciones de riesgo.
Municipios tendrían que verificar cumplimiento
La iniciativa también plantea nuevas responsabilidades para los Ayuntamientos de Puebla, que deberán verificar el cumplimiento de estas medidas antes de autorizar o renovar el funcionamiento de los negocios sujetos a la regulación.
En caso de incumplimiento, las autoridades podrían aplicar medidas administrativas y las sanciones que contemplen las leyes correspondientes.
Con la propuesta, el Congreso busca fortalecer mecanismos preventivos para que autoridades y establecimientos puedan identificar señales de riesgo antes de que deriven en delitos, además de facilitar canales inmediatos de auxilio y denuncia para posibles víctimas.
Fotografía: Especial
