La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla aseguró que cuenta con información sobre presuntos vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos que operan en el Mercado Morelos, donde autoridades han documentado actividades como extorsión, cobro de piso y narcomenudeo.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, explicó que la problemática no sería aislada y que, durante diversas investigaciones, se detectó la posible participación de integrantes de corporaciones de seguridad relacionados con organizaciones criminales. Sin embargo, no reveló nombres ni cargos, por lo que cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.
El funcionario señaló que estos indicios surgieron durante acciones contra células delictivas vinculadas con la zona, entre ellas la banda conocida como “Los Millonarios”. La SSP sostiene que algunos exservidores públicos habrían protegido a integrantes de grupos criminales y aprovechado sus posiciones para obtener beneficios económicos.
SSP señala campañas de desprestigio
Sánchez González afirmó que la corporación no mantiene acuerdos con organizaciones delictivas y atribuyó parte de las críticas recientes contra su gestión a exmandos y expolicías que, según su versión, perdieron privilegios tras cambios internos.
También aseguró que fueron detectadas cuentas en redes sociales administradas presuntamente por antiguos integrantes de corporaciones de seguridad, desde donde se difundirían mensajes contra las acciones de la SSP. Estos señalamientos no han derivado, hasta ahora, en acusaciones judiciales públicas contra personas específicas.
El Mercado Morelos permanece bajo atención de las autoridades por la presencia de distintos grupos que disputan actividades ilícitas en la zona. Desde principios de 2026, la SSP ha identificado una confrontación entre células vinculadas con la Familia Michoacana y “Los Toscano”.
La dependencia mantiene operativos e investigaciones para identificar redes de protección, posibles omisiones y responsabilidades de servidores públicos relacionados con estas estructuras.
Las indagatorias buscan establecer si esas relaciones facilitaron operaciones criminales, protección institucional o evasión de acciones de seguridad.
Fotografía: Redes
