Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que migrantes detenidos en el centro conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, en los Everglades de Florida, fueron confinados en pequeños recintos metálicos durante periodos de hasta casi dos horas.
Entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, 79 personas fueron colocadas en estructuras de aproximadamente 1.67 metros cuadrados, descritas por el personal como espacios para reducir tensiones. Sin embargo, el organismo supervisor concluyó que su uso era altamente restrictivo y no se ajustaba a estándares de trato humano.
Las inspecciones también detectaron otras deficiencias en el complejo, entre ellas espacio insuficiente, acceso limitado a duchas, agua potable, materiales jurídicos y atención médica. El informe señaló además problemas en áreas de alimentación, higiene, salud y seguridad ambiental.
El centro abrió el 3 de julio de 2025 y cerró el 25 de junio de 2026. Durante su operación recibió críticas de organizaciones defensoras de migrantes, abogados y familiares, que denunciaron condiciones inadecuadas dentro de las instalaciones.
El DHS rechazó que existiera trato inhumano y sostuvo que el sitio operaba bajo estándares federales utilizados por administraciones anteriores. La dependencia, no obstante, no abordó específicamente el uso de los recintos metálicos señalado por el inspector general en su respuesta pública al informe.
Política migratoria enfrenta nuevos litigios
La divulgación del informe coincidió con nuevas disputas judiciales sobre la política migratoria de Donald Trump. Nueva York y una coalición de estados y ciudades demandaron al Gobierno federal para frenar una nueva regla de “carga pública”, prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre.
La medida ampliaría la discrecionalidad de funcionarios migratorios para considerar beneficios como Medicaid, SNAP o apoyos de vivienda al evaluar solicitudes de residencia permanente.
Además, un juez federal bloqueó temporalmente otra política que pretendía limitar la permanencia de estudiantes, periodistas y visitantes de intercambio extranjeros.
En conjunto, estas decisiones muestran el creciente frente judicial que enfrenta la estrategia migratoria de Trump, mientras organizaciones civiles y gobiernos locales cuestionan sus efectos sobre derechos, salud pública y acceso a servicios a nivel nacional durante este año.
Fotografía: Redes
