El director de la secundaria vespertina del Centro Escolar 5 de Mayo, Ricardo Anacleto Rodríguez, y el prefecto Flavio López Hernández fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones por presunto acoso atribuido a un estudiante y por la actuación del personal escolar ante las denuncias.
El secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, informó que la dependencia mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado y que los trabajadores fueron retirados de sus funciones mientras se reúnen elementos para determinar responsabilidades administrativas.
La medida se tomó después de que madres, padres y alumnas señalaran presuntas conductas de intimidación, revictimización y obstáculos para comunicar lo ocurrido a las familias. Más de 30 personas se manifestaron el lunes afuera del plantel para exigir una respuesta institucional y revisar la actuación de directivos.
Viveros Narciso señaló que la SEP activó protocolos de atención y acompañamiento para las estudiantes involucradas. La investigación de los posibles delitos corresponde a la Fiscalía, mientras la autoridad educativa revisará las responsabilidades administrativas del personal.
El caso habría comenzado el viernes 11 de septiembre, cuando alumnas del turno vespertino señalaron a un compañero por presuntos tocamientos. Las familias acudieron posteriormente ante la Fiscalía para formalizar denuncias.
SEP registra más alumnas afectadas
La SEP informó que tiene registro de siete alumnas afectadas y cinco carpetas de investigación, una cifra superior a los primeros reportes que hablaban de cuatro denuncias. En protestas y testimonios públicos, otras estudiantes también han relatado experiencias de presunto acoso, hostigamiento o revictimización dentro del centro escolar.
Las autoridades educativas indicaron que las alumnas reciben acompañamiento y que sus tutores han sido entrevistados para integrar los procedimientos correspondientes.
La separación del director y el prefecto no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Las investigaciones deberán establecer si existieron omisiones, intimidación, encubrimiento o incumplimiento de los protocolos de protección para menores.
Fotografía: Agencia Enfoque
