La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla descartó, hasta el momento, que el diputado Miguel Márquez Ríos tenga algún vínculo con la granja de criptomonedas localizada en Tlaola, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones por el presunto robo de energía eléctrica y la posible participación de otras personas.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, explicó que las autoridades estatales colaboran con la FGR en las indagatorias y que los indicios obtenidos durante los operativos ya se encuentran a disposición de la autoridad federal.
Sánchez señaló que el inmueble donde localizaron los equipos pertenece a particulares y que las autoridades encontraron infraestructura eléctrica que presuntamente permitía abastecer de energía a la instalación de manera irregular.
Entre los elementos detectados aparecen transformadores y conexiones que habrían permitido conducir electricidad desde la zona de una presa hacia el inmueble, situación que forma parte de la investigación federal.
La magnitud de la instalación también quedó clara después de una segunda revisión. Mientras el primer operativo permitió identificar alrededor de 300 equipos especializados, un inventario posterior contabilizó mil 32 máquinas de criptominería, además de otros dispositivos eléctricos y de comunicación.
SSP mantiene abierta investigación en Tlaola
El nombre de Miguel Márquez Ríos surgió en relación con el caso debido a un antecedente registrado en la misma región. En abril de 2025, las autoridades localizaron otra granja de criptomonedas en Juan Galindo, en instalaciones relacionadas con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organización en cuya dirigencia participa el diputado.
Sin embargo, Francisco Sánchez sostuvo que la SSP no cuenta actualmente con información que relacione al legislador con la operación localizada en Tlaola. El funcionario señaló que las investigaciones deben continuar para determinar quiénes operaban la instalación y si existen otras responsabilidades.
En el caso de 2025, Márquez negó tener conocimiento de las actividades que se desarrollaban en el inmueble. La investigación actual corresponde a la FGR, que deberá determinar las responsabilidades que procedan.
Por separado, el gobernador Alejandro Armenta advirtió que no habrá encubrimiento ni impunidad ante posibles delitos relacionados con la operación de la granja. El mandatario señaló que cualquier persona que ocupe un cargo público debe responder ante las autoridades si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad.
Armenta también llamó a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras la autoridad federal continúa con las diligencias para esclarecer el presunto robo de electricidad y determinar quiénes participaron en la operación de la instalación.
Fotografía: Agencia Enfoque
