Una persona murió y decenas resultaron heridas o detenidas tras una serie de redadas llevadas a cabo por agentes federales en dos granjas del estado de California, denunció este viernes la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW). La organización, fundada en 1962 por César Chávez y Dolores Huerta, condenó la operación como una acción “violenta y cruel” que ha puesto en riesgo la vida de trabajadores inmigrantes.
Las redadas ocurrieron el jueves en instalaciones agrícolas de Carpinteria y Camarillo, en el condado de Ventura. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo se centró en ejecutar órdenes de registro y resultó en el arresto de aproximadamente 200 inmigrantes sospechosos de estar en el país sin autorización legal. Además, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por “agredir o resistirse a los agentes”.
La UFW confirmó que una persona falleció a causa de las heridas sufridas durante el operativo, mientras que otros trabajadores fueron hospitalizados en estado grave. La organización también reportó que hay personas desaparecidas y menores de edad entre los afectados. Según el DHS, al menos 10 niños inmigrantes se encontraban presentes en las granjas al momento de la intervención.
Expresó la UFW a través de la red social X:
“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadounidenses, interrumpen la cadena de suministro de alimentos, amenazan vidas y separan familias”.
La tensión escaló en Camarillo cuando decenas de personas se congregaron frente a Glass House Farms —empresa que cultiva cannabis, tomates y pepinos— para exigir información sobre sus familiares detenidos. La situación derivó en una escena caótica, en la que agentes equipados con cascos y uniformes antidisturbios dispersaron a manifestantes entre nubes de humo verde y blanco, obligando a miembros de la comunidad a retirarse.
Glass House, una empresa con licencia estatal para el cultivo de cannabis, reconoció en un comunicado que los agentes portaban órdenes válidas y afirmó que colabora para brindar representación legal a sus empleados detenidos.
Por otro lado, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares por información que permita capturar a una persona sospechosa de haber disparado contra agentes federales durante el operativo.
El suceso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y los métodos de aplicación de la ley en zonas agrícolas, donde la mano de obra migrante —en muchos casos sin documentación— es esencial para el funcionamiento del sector. Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos exigen una investigación independiente y la suspensión de redadas que pongan en peligro vidas humanas.
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Fotos: X
