México y Francia reforzaron su iniciativa para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suspendan voluntariamente el uso del veto cuando ocurran atrocidades masivas, como genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a gran escala. La propuesta alcanzó este 21 de septiembre el respaldo de 128 Estados.
Ambos países impulsan desde 2015 la denominada Declaración política sobre la suspensión del veto en casos de atrocidades masivas. En los últimos cuatro meses, 21 Estados de África, América Latina y el Caribe, así como de Asia, se sumaron a la iniciativa, de acuerdo con la declaración conjunta difundida por el gobierno francés.
El planteamiento no elimina jurídicamente el derecho de veto. Busca que los países con esa facultad asuman el compromiso político de no utilizarla cuando el Consejo de Seguridad tenga que responder ante este tipo de crímenes. Actualmente, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son los cinco integrantes permanentes del organismo con poder de veto.
Reino Unido se suma al compromiso
Durante una reunión ministerial celebrada en Nueva York, en el marco de la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, México y Francia también celebraron la adhesión de Reino Unido, que se convirtió en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad, después de Francia, en asumir este compromiso voluntario.
Los participantes destacaron que la incorporación británica refleja la intención de “proteger la dignidad y el valor de la persona humana” y fortalecer un multilateralismo capaz de responder ante crisis internacionales graves.
México y Francia buscarán ampliar respaldo
México y Francia señalaron que continuarán las gestiones diplomáticas para sumar más adhesiones y evitar que el veto impida respuestas del Consejo de Seguridad frente a atrocidades masivas. La iniciativa pretende reducir escenarios de parálisis cuando alguno de los integrantes permanentes se oponga a una resolución sobre una cuestión no procedimental.
El mecanismo mantiene su carácter voluntario y no modifica las facultades establecidas en la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, sus promotores buscan que el creciente respaldo internacional genere un compromiso político entre los Estados para priorizar la prevención y el fin de atrocidades masivas.
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