La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó nuevamente su disposición para mantener el diálogo con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, luego de la protesta realizada tres días antes frente a su sede en la Ciudad de México. El posicionamiento fue emitido este sábado, cuando se cumplieron 12 años de la desaparición de los estudiantes, y también sirvió para que el organismo defendiera la Recomendación 208VG/2026, publicada el pasado 9 de julio y cuestionada por las familias debido a la forma en que aborda la posible responsabilidad de integrantes del Ejército.
La CNDH rechazó que hubiera negado atención a los familiares cuando acudieron a sus instalaciones para solicitar una reunión con su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, y aseguró que la titular mantiene abierta la posibilidad de recibirlos y explicar el contenido del documento. El organismo sostuvo que la investigación sobre el caso tuvo como propósito reconstruir los hechos, identificar posibles responsabilidades y aportar elementos que permitan avanzar frente a las omisiones, inconsistencias y encubrimientos que han marcado el expediente durante más de una década.
Respecto a la Recomendación 208VG/2026, la Comisión afirmó que su elaboración respondió a solicitudes de las propias víctimas y que personal del organismo mantuvo encuentros con ellas durante el proceso. También defendió que las conclusiones fueron construidas con información documental, respuestas institucionales y datos recabados dentro de sus atribuciones, por lo que rechazó que el contenido corresponda a una interpretación improvisada. La CNDH agregó que su intervención se limita al ámbito no jurisdiccional y, por tanto, no puede asumir funciones propias del Ministerio Público ni de los tribunales.
El organismo señaló que, dentro de esas limitaciones, presentó propuestas y posibles rutas de investigación que podrían ser retomadas por las autoridades encargadas del proceso penal. Además, informó que más de dos meses después de emitir la recomendación todavía no recibe una respuesta formal sobre su aceptación por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa ni la Fiscalía General de la República. Las familias, por su parte, han mantenido sus cuestionamientos sobre el documento y continúan exigiendo esclarecimiento pleno del caso.
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