El Gobierno de Puebla reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en Esperanza después de que durante el fin de semana fueran distribuidos volantes con amenazas dirigidas a comerciantes del municipio.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que los mensajes pedían a los propietarios de negocios comunicarse a un número telefónico para supuestamente obtener protección para sus establecimientos o familias, bajo la advertencia de enfrentar consecuencias si no lo hacían.
La circulación de estos volantes provocó inquietud entre habitantes de la demarcación, quienes el sábado se manifestaron frente al Palacio Municipal para solicitar una mayor presencia de las autoridades.
Ante esta situación, el gobernador Alejandro Armenta instruyó establecer coordinación entre el gobierno estatal, autoridades federales, el Ayuntamiento y los mandos de seguridad para incrementar las acciones preventivas en la zona.
Aguilar Pala detalló que posteriormente se realizó una reunión con el Concejo Municipal de Esperanza, encabezado por Raúl Pineda Raygosa, en la que se explicaron las medidas que serían implementadas para atender la preocupación de los habitantes.
De acuerdo con el funcionario, después de este encuentro se logró desactivar la manifestación.
El secretario añadió que Esperanza recibirá respaldo del gobierno estatal mediante acciones de seguridad y programas sociales, al igual que los municipios de Acatlán y Tepeyahualco, que también han requerido intervención institucional ante situaciones de inseguridad.
El gobernador aprovechó el caso para cuestionar que el crecimiento de las actividades delictivas en Esperanza no hubiera sido detectado por las administraciones estatales anteriores.
El mandatario sostuvo que su administración está actuando frente a la presencia de grupos criminales y afirmó que su gobierno “está poniendo orden”.
Rodríguez Ochoa fue detenido el 7 de septiembre durante un operativo en Esperanza. La acción incluyó 23 cateos y derivó también en la captura de su hermano Manuel Rodríguez Ochoa y de Abigail Contreras Camacho, quien hasta el 1 de septiembre se desempeñaba como directora de Seguridad Pública municipal.
Investigación alcanza a operadores de carreteras
Las autoridades federales relacionaron al exedil con una estructura investigada por delitos como robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que las investigaciones también alcanzaron a operadores de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de vías de cuota.
Según lo informado por el funcionario, las indagatorias buscan establecer si existió una cadena de complicidades que involucrara a autoridades municipales y personal relacionado con la operación de las carreteras.
La investigación continúa y corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades individuales que resulten de las indagatorias.
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