El gobierno de Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial y urgente de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017, con el argumento de corregir problemas en su aplicación y reducir el alcance penal de algunas de sus disposiciones.
Delcy Rodríguez pidió al Parlamento revisar la legislación y planteó “avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y corregir desviaciones en su aplicación”.
Más tarde, durante una intervención pública, la funcionaria reconoció que la norma “fue mal aplicada” y que “se hizo uso abusivo de ella”, en referencia a los cuestionamientos que distintos sectores han expresado sobre el uso de esta legislación.
Una ley cuestionada por sus alcances penales
La legislación establece sanciones para quienes, mediante declaraciones públicas o cualquier medio de difusión, fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia contra personas o grupos por su pertenencia real o presunta a determinado colectivo.
Entre las disposiciones vigentes destaca una pena de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas contempladas por la norma.
Rodríguez fue una de las principales impulsoras de la legislación durante su paso por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Ahora sostiene que su modificación contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones y a fortalecer la vida democrática del país.
La solicitud ocurre mientras el gobierno venezolano atraviesa un proceso de diálogo con distintos sectores políticos. La oposición agrupada en la llamada Asamblea 2015 consideró que la reforma ocurre dentro de un proceso orientado hacia la “reinstitucionalización democrática”.
Reforma ocurre en medio de diálogo político
El planteamiento del gobierno venezolano coincide con otras señales de apertura institucional que Caracas ha presentado durante las últimas semanas, aunque el alcance concreto de la reforma dependerá del texto que finalmente discuta y apruebe la Asamblea Nacional.
Por ahora, el Ejecutivo plantea modificar parcialmente la ley y reducir la aplicación de sus disposiciones penales. La propuesta no implica todavía la derogación completa de la legislación, sino una revisión de sus tipos penales y de los mecanismos con los que las autoridades la han aplicado.
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