El proyecto inmobiliario vinculado con el empresario Carlos Slim para la zona de Paseo San Francisco, en el Centro Histórico de Puebla, sumó una nueva postura crítica desde Morena, luego de que el presidente del Congreso estatal, Pável Gaspar Ramírez, demandara que su desarrollo tenga como prioridad a los habitantes de la zona.
El legislador morenista señaló que no existe oposición a la inversión privada, pero consideró necesario conocer con precisión el impacto social de una intervención que contempla alrededor de 700 departamentos, además de espacios comerciales, oficinas, áreas educativas, zonas para conciertos y estacionamientos. La inversión estimada ronda los 4 mil millones de pesos.
Durante su conferencia de prensa, Gaspar sostuvo que cualquier proyecto de esta magnitud debe considerar las condiciones de quienes actualmente viven y trabajan en los barrios involucrados, así como preservar su identidad histórica.
“La vivienda no es mercancía ni privilegio, es un derecho humano”, señaló Gaspar Ramírez.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política planteó que la adquisición de inmuebles y la construcción de nuevos desarrollos requieren transparencia sobre sus consecuencias para la población, particularmente ante la posibilidad de que el aumento en el valor de la zona genere presión sobre viviendas y comercios.
Gaspar también sostuvo que la recuperación urbana puede realizarse mediante inversión, pero sin que ello implique desplazar a los habitantes tradicionales.
“Debe ser un desarrollo para la gente y no un proyecto orientado a la especulación donde solo unos cuantos tengan un beneficio sobre quienes han poblado estos lugares”, dijo.
Su posicionamiento coincide con el llamado de otros actores para que la intervención preserve el tejido comunitario y cumpla con las autorizaciones correspondientes para una zona histórica.
Morena pide priorizar el beneficio colectivo
A esta postura se sumó Pablo Salazar, coordinador territorial de Morena, quien planteó que las inversiones relacionadas con espacios urbanos deben evaluarse desde una perspectiva de beneficio colectivo.
El dirigente sostuvo que el crecimiento económico no debería analizarse únicamente desde la rentabilidad empresarial o inmobiliaria y llamó a mantener como referencia el principio de que la economía debe estar al servicio de la población.
El debate ocurre mientras el proyecto de Grupo Carso genera posiciones distintas: el sector empresarial ha destacado su potencial para recuperar inmuebles y generar actividad económica, mientras desde el Congreso se insiste en revisar sus efectos sobre los habitantes y la identidad del Centro Histórico.
Fotos: Agencia Enfoque
