“Agua que no has de beber, déjala correr”, reza el refrán popular. Pero hoy, en medio de una crisis hídrica global y una sequía histórica que ha golpeado a México en años recientes, ese refrán se convierte en un sinsentido ecológico. En lugar de resignarnos a dejarla correr hacia las alcantarillas, como si el cielo fuera un lujo inútil, es urgente resignificarla: el agua que cae debe ser cosechada, reutilizada, valorizada.
México vive un profundo desequilibrio entre el agua que tiene y el uso que de ella hace. En el bienio 2023-2024 el país padeció un severo estrés hídrico. Las presas del sistema Cutzamala —que abastece a más de cinco millones de personas— estuvieron al borde del colapso, y la Ciudad de México vivió cortes prolongados de agua en diversas alcaldías. Paradójicamente, este 2025 ha traído lluvias intensas e inusuales en varias regiones del país, fenómeno que algunos meteorólogos han bautizado como el “monzón mexicano”.
Esta bipolaridad climática no es anécdota: es consecuencia del cambio climático, del desorden urbano, de la tala indiscriminada y del mal manejo histórico del agua. Y justo en esa contradicción radica una de nuestras mayores fallas estructurales: mientras padecemos sed en temporada de estiaje, dejamos que la abundancia de lluvias simplemente se pierda en el drenaje profundo. Como país, hemos sido incapaces de pasar de la reacción a la prevención, del desperdicio a la resiliencia.
Resulta ofensivo que en una metrópoli con sed crónica como la Ciudad de México, la mayoría del agua de lluvia termine en el subsuelo, sin ningún tipo de aprovechamiento. El sistema de drenaje fue diseñado hace décadas bajo la lógica de deshacerse de la lluvia lo más rápido posible para evitar inundaciones. El cambio climático, sin embargo, ha roto ese paradigma: ahora necesitamos almacenar lo que antes queríamos expulsar.
Afortunadamente, algunas políticas públicas empiezan a revertir esta lógica. El programa Cosecha de Lluvia, impulsado en la Ciudad de México, es un ejemplo de cómo puede transitarse hacia un modelo más sustentable. La instalación de más de 73 mil sistemas de captación de lluvia en viviendas no solo representa una mejora en el acceso doméstico al agua, sino una revolución en la forma en que entendemos la gestión hídrica en contextos urbanos.
El dato no es menor: estos sistemas podrían permitir la captación de hasta 73 mil pipas de 10 mil litros al año. Es decir, 730 millones de litros que ya no tendrían que bombearse desde las presas del sistema Cutzamala o desde pozos profundos. Esto se traduce en un alivio logístico, económico y ecológico.
Uno de los aciertos de este programa ha sido su expansión más allá de los hogares: su implementación en escuelas públicas y mercados también representa una apuesta por la autosuficiencia local. Se estima que los sistemas instalados en planteles educativos podrían almacenar hasta 198 millones de litros de agua pluvial, lo cual no sólo permite a las escuelas garantizar servicios básicos, sino que también educa a las nuevas generaciones en una cultura del aprovechamiento.
Es igualmente destacable que los sistemas no están diseñados para consumo humano directo —al menos no todavía—, sino para tareas como el aseo personal, el lavado de ropa, la limpieza de instalaciones, riego de jardines y otras actividades cotidianas que hoy siguen dependiendo de agua potable. Esto permite liberar agua de calidad para su uso en hospitales, industrias y hogares sin acceso pleno, creando una cadena virtuosa de redistribución del recurso.
El problema, sin embargo, es que estas políticas siguen siendo excepcionales, cuando deberían ser universales. Si en lugar de 73 mil sistemas instalados habláramos de 7 millones, otro sería el escenario. Pero para que eso ocurra se necesita más que voluntad: se requiere inversión sostenida, normatividad urbana, incentivos fiscales, participación comunitaria y educación ambiental.
Es momento de que el programa Cosecha de Lluvia deje de ser exclusivo de la Ciudad de México y se replique en todos los municipios con alta densidad urbana y problemas de abastecimiento. Que forme parte de una política nacional, con un andamiaje legal que obligue a incorporar sistemas de captación en todas las nuevas construcciones, como se exige hoy en algunos países como Australia o Israel. Allí, no cosechar la lluvia es casi un delito ambiental.
Además, se necesita garantizar el mantenimiento de los sistemas, promover la capacitación de las familias beneficiadas, y asegurar que los tanques, filtros y canaletas sean duraderos, accesibles y adecuados a cada contexto. No basta con instalar sistemas: hay que integrarlos a la cultura cotidiana del agua.
En medio de este debate, también debe advertirse un riesgo: convertir el acceso al agua en un privilegio condicionado por la capacidad de instalar un sistema, comprar filtros o pagar un técnico. El Estado no puede trasladar toda la responsabilidad al ciudadano. Las políticas de captación pluvial deben inscribirse en un enfoque de derechos. No se trata de pedirle a la ciudadanía que resuelva el colapso hídrico con cubetas, sino de acompañarla con infraestructura, conocimiento y financiamiento.
También es necesario repensar el papel de los gobiernos locales. Mientras algunas alcaldías han promovido activamente la captación pluvial, otras parecen más interesadas en tapar baches o promocionar su figura que en gestionar el agua con visión a largo plazo. El federalismo hídrico requiere corresponsabilidad, pero también liderazgo técnico y político.
Otro de los vacíos en la política pública es el aprovechamiento posterior del agua de lluvia. ¿Qué hacer con el agua almacenada? ¿Cómo garantizar su calidad? ¿Cómo integrarla en redes de distribución o reaprovechamiento? Muchas veces, la lluvia se capta pero no se utiliza eficientemente. Se estanca, se contamina o se desperdicia.
Por eso urge integrar las tecnologías de filtración, purificación y almacenamiento seguro como parte del sistema. Existen soluciones de bajo costo que permiten potabilizar el agua pluvial, sobre todo si proviene de techos limpios y es filtrada adecuadamente. Estas tecnologías podrían cambiar la vida de comunidades rurales que dependen de pozos contaminados o de pipas costosas.
En este tema, el sector público debe hacer algo que rara vez hace: innovar. Crear soluciones tecnológicas propias, promover la investigación científica sobre sistemas de captación, diseñar prototipos adaptados a cada región y fomentar estudios sociales que desarrollen modelos de captación en zonas urbanas y rurales.
El potencial es enorme: desde tejas inteligentes hasta filtros de bajo costo desarrollados por universidades públicas. Pero falta un ecosistema institucional que lo articule, lo financie y lo distribuya masivamente.
La captación de agua de lluvia no es una solución mágica ni sustituye la gestión integral del recurso hídrico. Pero sí es un componente fundamental de la transición hacia una nueva relación con el agua. Una que pase del extractivismo a la regeneración; de la dependencia al aprovechamiento local; del despilfarro a la circularidad.
Las lluvias seguirán cayendo, pero cada gota que desperdiciemos será un crimen climático. Urge modificar leyes, cambiar presupuestos, instalar más sistemas, capacitar comunidades y, sobre todo, cambiar nuestra mentalidad: la lluvia no es un estorbo, es una bendición.
México no puede seguir siendo el país que deja correr el agua mientras la mitad del territorio vive sedienta. Convertir la captación pluvial en política de Estado no es sólo una apuesta por el presente, es una obligación hacia el futuro. Porque en el siglo XXI, cosechar la lluvia es cosechar soberanía. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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