Guadalupe Lucero Bárcenas, exalcaldesa de Acatlán de Osorio, informó que presentó un oficio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), para manifestar su disposición a ser investigada por los señalamientos que la relacionan con presuntos grupos criminales. A través de un video difundido en redes sociales, la exfuncionaria rechazó las acusaciones promovidas por actores políticos y las consideró carentes de sustento. Explicó que decidió acudir voluntariamente ante las autoridades federales con la intención de que se revisen los señalamientos y se esclarezcan los hechos. Bárcenas sostuvo que está dispuesta a colaborar con las instancias correspondientes para que se determine si existe alguna responsabilidad de su parte.
El posicionamiento se produjo después de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señalara públicamente presuntos vínculos de la entonces presidenta municipal con organizaciones delictivas que operarían en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca. El mandatario aseguró que había informado previamente al Gobierno poblano sobre esta situación y relacionó los señalamientos con denuncias de extorsiones, asaltos y robos contra comerciantes y transportistas que circulan entre ambas entidades. Entre las zonas mencionadas se encuentran rutas hacia Huajuapan de León y Mariscala de Juárez. Frente a estas declaraciones, la exalcaldesa cuestionó la responsabilidad de quienes la han relacionado con actividades criminales sin que, según su postura, se hayan esclarecido los hechos ante las autoridades.
En Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Idamis Pastor Betancourt, informó sobre la apertura de un expediente de atención temprana para analizar las acusaciones y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación formal. La fiscal también señaló que solicitó colaboración a su homóloga de Oaxaca para conocer si existen antecedentes, datos o indagatorias relacionados con los hechos denunciados públicamente. De acuerdo con la información difundida, antes de las declaraciones del gobernador oaxaqueño no había una investigación formal contra Bárcenas por estos señalamientos. Las autoridades deberán establecer si existen elementos verificables que permitan avanzar de la revisión preliminar a una investigación penal.
El caso ocurre después de la salida de Bárcenas del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, en un contexto de movimientos políticos dentro del gobierno municipal. El Congreso de Puebla informó en septiembre sobre la presentación de renuncias de integrantes del Cabildo, incluidos regidores y el síndico. Mientras las autoridades de Puebla y Oaxaca intercambian información para esclarecer las acusaciones, la exalcaldesa hizo pública su intención de ponerse a disposición de la Fiscalía federal. La presentación del oficio expresa su voluntad de ser investigada, pero no representa por sí misma una resolución sobre los señalamientos ni determina la existencia o inexistencia de responsabilidad penal. El desarrollo del caso dependerá de los datos que las instancias competentes logren reunir y verificar.
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