Sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores sociales de Colombia preparan una jornada nacional de movilización para este miércoles, en lo que será una de las primeras grandes expresiones de rechazo al Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cumple dos meses en el poder.
La convocatoria agrupa demandas laborales, educativas y territoriales, además de inconformidades frente a algunas de las primeras decisiones del Ejecutivo.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llamó a docentes de todo el país a participar para defender la educación pública, exigir mejoras en la atención médica del magisterio y reclamar avances en la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores anunció un paro de 24 horas y planteó inconformidades por acuerdos laborales pendientes, descuentos salariales y sanciones relacionadas con protestas anteriores.
También se sumarán organizaciones indígenas del suroccidente colombiano. Representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca han señalado preocupaciones por políticas relacionadas con extractivismo, megaproyectos y decisiones que consideran perjudiciales para sus territorios y autonomía.
Cambios a reglas de protesta generan preocupación
La movilización ocurre mientras el Gobierno prepara modificaciones al protocolo de actuación de la Fuerza Pública durante manifestaciones. El Ejecutivo sostiene que busca establecer reglas ante bloqueos, hechos violentos y afectaciones a terceros.
Sin embargo, organizaciones sociales y sectores de oposición advierten que una ampliación de las facultades policiales podría reducir espacios de diálogo y facilitar restricciones a la protesta.
A esto se suma el proyecto de Estatuto Antiterrorista impulsado por el Gobierno, que pretende ampliar herramientas jurídicas contra organizaciones catalogadas como terroristas. Sus críticos temen que definiciones demasiado amplias puedan utilizarse contra manifestantes u organizaciones sociales.
La jornada del miércoles también servirá para medir la capacidad de articulación de sindicatos, comunidades indígenas y movimientos civiles, en medio de un calendario que contempla nuevas protestas e incluso un posible paro nacional en noviembre.
Fotografía: Redes
