El gobierno de Puebla analiza el posible cierre o reubicación de centros penitenciarios ante las condiciones de operación y los problemas de sobrepoblación detectados en distintas cárceles del estado. La revisión incluye al penal de Acatlán de Osorio, aunque las autoridades no descartan que otros reclusorios también sean considerados para una eventual reorganización.
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que se encuentra en marcha una evaluación para conocer el estado de la infraestructura penitenciaria y definir qué medidas se requieren en cada instalación.
Cuestionado sobre la posibilidad de que Acatlán deje de operar, el funcionario aclaró que la decisión no está tomada y que el análisis contempla más centros.
Sin embargo, hasta el momento no se han precisado los criterios que determinarán el futuro de los reclusorios, el número de instalaciones que podrían cerrar ni los espacios que recibirían a los internos en caso de concretarse los traslados.
La revisión ocurre después de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) publicara su Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2025, en el que se identificaron problemas de sobrepoblación en los centros de San Pedro Cholula, Huejotzingo y Acatlán de Osorio.
El penal de San Pedro Cholula tiene capacidad para 226 personas privadas de la libertad, pero alojaba a 447, lo que representa una ocupación 97.7 por ciento superior a la prevista.
En Huejotzingo, la situación también refleja una presión importante sobre las instalaciones: el centro tenía espacio para 117 internos, aunque durante 2025 registró una población de 224, equivalente a una sobrepoblación de 91.4 por ciento.
Por su parte, el reclusorio de Acatlán de Osorio cuenta con capacidad para 50 personas, pero albergaba a 81 internos. Esto significa que operaba con 31 personas por encima de su límite diseñado.
A estas condiciones se suma el resultado de la evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según el cual Puebla obtuvo una calificación general de 5.1 sobre 10 y 14 de sus 16 centros penitenciarios reprobaron la revisión.
Aguilar Pala señaló que las determinaciones se comunicarán una vez que avance el diagnóstico. Mientras tanto, permanece abierta la posibilidad de modificar la distribución de la población penitenciaria o cerrar instalaciones.
La evaluación deberá establecer no sólo qué centros pueden continuar funcionando, sino también cómo se atenderán las necesidades de espacio y las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad.
Foto: Redes
