La detención de Luisa González, excandidata presidencial y principal figura de la oposición ecuatoriana, marca el punto de no retorno para la institucionalidad en Ecuador. El arresto de la lideresa de Revolución Ciudadana, ejecutado durante la madrugada en la provincia de Manabí, no representa un hecho aislado ni un procedimiento judicial rutinario: es la confirmación de que el gobierno de Daniel Noboa ha roto definitivamente con las reglas de la democracia para consagrarse como una dictadura abierta que persigue a sus opositores.
Bajo la cobertura del denominado caso “Laberinto”, la Fiscalía vuelve a activar el aparato estatal como brazo ejecutor del Ejecutivo. Las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas carecen de rigor técnico al atribuir responsabilidad personal a la candidata sobre la gestión directa de fondos. Como ha denunciado la dirección de su movimiento y organismos internacionales, no estamos ante la búsqueda de justicia, sino ante la instrumentalización de los tribunales para inhabilitar a la fuerza política con mayor capacidad de convocatoria del país.
Esta embestida judicial no se limita a González. El simultáneo allanamiento a la Alcaldía de Quito, dirigida por Pabel Muñoz, evidencia un plan integral para desmantelar cualquier alternativa política en vísperas de los comicios subnacionales. La estrategia del régimen es clara: aplicar la doctrina del shock mediante la persecución, el encarcelamiento y la exhibición penitenciaria para infundir un efecto paralizante en las filas opositoras. Cuando el debate político es reemplazado por la amenaza y el encarcelamiento, el Estado de derecho deja de existir.
La desesperación del gobierno de Noboa responde a una realidad electoral incontestable. Ante el desplome de su aprobación popular y la incapacidad de ofrecer soluciones a la crisis socioeconómica, el oficialismo entiende que su permanencia en el poder es inviable en una contienda limpia. En un contexto donde el poder central busca subordinar la soberanía nacional a intereses externos, los liderazgos locales —alcaldes, prefectos y dirigentes territoriales— representan la última trinchera de resistencia democrática y movilización popular.
Con el arresto de la principal líder opositora y la asfixia sistemática de la disidencia, el escenario político ecuatoriano ha cruzado el umbral. Ya no se trata de un gobierno con sesgos autoritarios ni de una democracia defectuosa. La supresión de las garantías constitucionales, el encarcelamiento por motivos políticos y el silenciamiento de la oposición definen con precisión al régimen de Noboa:
Ecuador ha transformado la discusión democrática en un silenciamiento dictatorial y persecutorio que cada vez limita más el derecho a hacer política. Ecuador enfrenta hoy la primera dictadura abierta de la región en este nuevo ciclo político. A pesar de la feroz arremetida, la resistencia popular demuestra que la dignidad de un pueblo no se encarcela.
Fotografía: Diario Red
