El gobierno de Texas declaró como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, con el argumento de reforzar la seguridad y facilitar las operaciones de vigilancia en la zona. La decisión permitirá que autoridades estatales y federales estadounidenses accedan a estos terrenos para realizar patrullajes, inspecciones y labores de limpieza.
El anuncio estuvo a cargo de Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, quien informó que la Oficina General de Tierras (GLO, por sus siglas en inglés) confirmó la propiedad estatal de los territorios tras revisar una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La dependencia federal había solicitado revisar la situación de 28 islas ubicadas en un tramo del río Bravo entre Laredo y McAllen, cuya propiedad no estaba establecida o se consideraba incierta. Tras el análisis, la oficina texana identificó nueve como terrenos pertenecientes al estado.
De acuerdo con la información difundida por autoridades de Texas, los nueve islotes abarcan una superficie aproximada de 66 acres, equivalentes a cerca de 26.7 hectáreas. El gobierno estatal señaló que el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento Militar de Texas participarán en las labores de protección y vigilancia.
Texas busca impedir que las islas funcionen como refugio para grupos criminales
Buckingham justificó la medida como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la frontera sur estadounidense. La funcionaria aseguró que la falta de certeza sobre la propiedad había limitado las posibilidades de supervisar los terrenos.
“El terreno de Texas jamás se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales”, declaró la comisionada al anunciar que las autoridades podrán ingresar a las propiedades.
La funcionaria también mencionó que las islas fronterizas pueden convertirse en puntos aprovechados por organizaciones criminales para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no han confirmado actividades delictivas en los nueve territorios.
La decisión se enmarca en las acciones de Texas para incrementar la vigilancia en la frontera con México. Aunque el gobierno estatal presentó la medida como una estrategia de seguridad y protección territorial, la revisión de la propiedad de estos espacios y su ubicación en el río Bravo colocan nuevamente la atención sobre la administración de los territorios fronterizos.
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