Primera ola, los enemigos políticos
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue el partido de izquierda que gobernó el país de 2009 a 2019. Desde su primer día como presidente en 2019, Nayib Bukele —quien dos años antes había sido expulsado de la organización por faltas graves a los estatutos— humilló públicamente al partido mediante despidos masivos de sus cuadros políticos y familiares, anunciados en Twitter.
La persecución judicial llegó unos meses después. El 22 de julio de 2021, la Operación Desfalco llevó a prisión a exfuncionarios del partido como Violeta Menjívar, Carlos Cáceres y Erlinda Handal, por supuestos actos de corrupción. El golpe tuvo un doble objetivo: desmoralizar a las bases y reforzar la narrativa de un presidente con el valor de hacer lo que otros no se atrevían.
Bukele también encarceló a figuras de esa derecha tradicional que no se alinearon con el proyecto de la nueva derecha que él representa. Entre ellos destacan dos exalcaldes de San Salvador que militaban en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido de la derecha neoliberal que gobernó de 1989 a 2009: Ernesto Muyshondt, quien durante un tiempo fue muy cercano a Bukele y está preso desde 2021; y Norman Quijano, quien tenía orden de captura desde ese mismo año, pero se encontraba en Estados Unidos, desde donde fue extraditado, y está preso desde 2025. A los dos los inculparon por vínculos con pandillas y actos de corrupción.
En esta misma ola se inscribe la guerra frontal contra la corrupción, que Bukele anunció el 1 de junio de 2023 ante la Asamblea Legislativa, en el discurso por su cuarto año como presidente. Mientras hablaba, la Fiscalía bajo su control allanaba las propiedades de Alfredo Cristiani, expresidente por ARENA, por corrupción y crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil, y confiscó un patrimonio valorado en 85 millones de dólares.
Segunda ola, el sector social que Bukele vinculó con el FMLN
El 18 de mayo de 2021 se creó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa encargada de investigar el destino de los fondos públicos ejecutados por ONG, que en su gran mayoría fueron vinculadas al FMLN. De acuerdo con Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, esto se debía a que la persecución era más evidente contra ese partido. Tras su creación, fueron allanadas organizaciones con amplia presencia territorial como Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Las Mélidas, PROVIDA y la Asociación de Mujeres Tecleñas, a pesar de que argumentaron la legalidad y el destino de los fondos.
Después vinieron los liderazgos sociales y ambientales. En enero de 2023 fueron capturados los líderes de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, columna territorial de la lucha antiminera en El Salvador. De acuerdo con Carlos Flores, de ReverdES, el trasfondo del caso era la reactivación de la minería metálica, por lo que se les montó un proceso descarado sobre supuestos hechos de la época de la guerra, sin ningún sustento fáctico ni jurídico, y se criminalizaron sus vínculos con la guerrilla, aprovechando el odio generalizado contra todo lo que tuviera que ver con el FMLN. Esa vinculación funcionó como un distractor estratégico para ocultar la intención de reactivar la minería, que Bukele concretó en diciembre de 2024.
Bukele cerró su primer mandato presidencial con un golpe contra la Alianza El Salvador en Paz. El 31 de mayo de 2024, justamente el último día de ese periodo, fueron capturados los dirigentes de la Alianza, que había mostrado una gran capacidad de movilización.
Tercera ola, más allá del FMLN
La persecución contra liderazgos territoriales tenía antecedentes, como el caso de la Hacienda La Labor, el 25 de noviembre de 2021, y la captura del hijo del reconocido luchador Silverio Morales, el 11 de noviembre de 2022. Pero en 2025 se agudizó y se hizo evidente una ola autoritaria contra las organizaciones y liderazgos del territorio. De acuerdo con Lourdes Palacios y Carlos Flores, ya no se trataba únicamente de gente del FMLN o con cierta vinculación, sino de una persecución generalizada, principalmente dirigida contra los territorios que sufren la política extractivista de Bukele. El régimen de excepción también ha jugado un papel fundamental como herramienta para criminalizar la organización social.
Ese punto de quiebre llegó en 2025 con las capturas arbitrarias de 25 miembros de la comunidad La Floresta y de Fidel Zavala, así como las de Ángel Pérez, líder de la comunidad El Bosque; Alejandro Henríquez, del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), que estaba acompañando a la comunidad El Bosque; Ruth López, de Cristosal y vinculada a la lucha antiminera; y el reconocido abogado Enrique Anaya.
Esta ola coincidió con un momento en que la gente había salido a las calles en rechazo a la reactivación de la minería metálica, la molestia por el manejo del gobierno ante los deslaves en la carretera conocida como Los Chorros y la indignación por los desalojos de las comunidades La Floresta y El Bosque. Todo ello mientras la popularidad de Bukele había bajado. La minería ha sido, de hecho, el primer tema en que Bukele ha quedado en minoría. Según una encuesta de la UCA, apenas el 23 % de la población aprueba la reactivación y el 60 % la rechaza completamente.
En el caso de la Cooperativa El Bosque ocurrió incluso algo curioso. Aunque Bukele mantuvo presos a Alejandro Henríquez y Ángel Pérez durante ocho meses, tras ser capturados por participar en una vigilia pacífica contra el desalojo, se vio obligado a frenar el desalojo de las 300 familias de la comunidad porque no tenía el control de la narrativa.
En este punto, el régimen de excepción ya no le bastaba a Bukele, por lo que en 2025 aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una norma ambigua que permite cobrar un impuesto del 30 %, clausurar o abrir procesos judiciales contra organizaciones y personas que reciben fondos del exterior. Tras esta ola de represión, al menos 80 defensores de derechos humanos y periodistas han salido de El Salvador al exilio.
El caso de los periodistas no responde a una ola específica, sino a un proceso que ha atravesado todo el periodo. Desde el inicio hubo estigmatización, seguimiento y criminalización, con el espionaje mediante el software sionista Pegasus.
En conclusión, lo que hace Bukele es castigar a cualquiera que no se adhiera a un proyecto político y económico o que interfiera en él, uno que promueve un nuevo proceso de acumulación de capital y profundiza el despojo y la injusticia en el país.
Fotografía: Diario Red
