El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una solicitud para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión extraordinaria de sus contrataciones y adquisiciones desde 2023, ante los señalamientos de posibles irregularidades administrativas surgidos durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
Este martes 3 de noviembre, las consejerías electorales tienen previsto analizar un proyecto para solicitar una fiscalización urgente sobre el manejo de recursos públicos, los procedimientos de compra y el desempeño administrativo del organismo.
La iniciativa surge después de la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, ocurrida en medio de cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y anomalías en contratos con empresas proveedoras.
Blanca Cruz impulsa revisión administrativa en el INE
La presidenta provisional del instituto, Blanca Yassahara Cruz García, encabeza una revisión interna para esclarecer posibles irregularidades y reorganizar las áreas administrativas, sin interrumpir los preparativos de las elecciones de 2027.
Como parte de este proceso, se han registrado salidas de funcionarios vinculados con la administración anterior, mientras las consejerías evalúan la permanencia de otros servidores públicos.
Entre los casos bajo revisión figuran empleados relacionados con reuniones en las que participó José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo electoral, cuya cercanía con integrantes de la anterior administración ha generado cuestionamientos.
La auditoría solicitada abarcaría las compras realizadas desde 2023, aunque la ASF ya desarrolla investigaciones independientes sobre contrataciones y posibles vínculos entre proveedores y funcionarios.
De manera paralela, el Órgano Interno de Control (OIC) mantiene investigaciones sobre licitaciones, adjudicaciones directas y eventuales conflictos de interés.
El objetivo de las revisiones será determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes, sin anticipar conclusiones sobre las personas señaladas.
Por ahora, la solicitud de fiscalización extraordinaria se encuentra en etapa de análisis y deberá concretarse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.
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