La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores del sistema electoral, luego de detectar presuntas irregularidades financieras. Entre las personas que habrían sido incluidas en la medida estaría Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los posibles hechos irregulares. Sin embargo, el bloqueo de cuentas no representa una determinación de responsabilidad penal, pues se trata de una medida administrativa y preventiva.
Las personas y empresas involucradas conservan su derecho a conocer los señalamientos y presentar las aclaraciones correspondientes. Por ello, las investigaciones deberán determinar si existieron operaciones ilícitas o responsabilidades relacionadas con los contratos y servicios prestados a instituciones electorales.
ASF detecta irregularidades en el gasto del INE
El caso también se relaciona con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de recursos públicos en el INE. El órgano fiscalizador identificó anomalías que calificó como históricas y planteó revisar de manera integral el gasto del instituto y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En sus observaciones, la ASF señaló que las revisiones “advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público”. Entre los aspectos bajo análisis se encuentran los procedimientos de contratación, las licitaciones y posibles conflictos de interés en la asignación de contratos.
Uno de los nombres relacionados con estas revisiones es el del empresario José Alfredo Hernández Casillas, cuya compañía habría obtenido contratos en 14 OPLE. Su relación con integrantes de la familia de Taddei también forma parte de la información difundida sobre el caso.
Las investigaciones buscan esclarecer si los procedimientos de contratación cumplieron con la normatividad y si existieron beneficios indebidos para particulares.
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