El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por su presunta participación en diversos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del organismo fiscalizador del INE, informó sobre estas acciones mediante un escrito dirigido a la Cámara de Diputados. De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas relacionadas con las denuncias figuran la exconsejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Las investigaciones contemplan posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, utilización de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
«Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales», señaló Carvente en su comunicación con los legisladores.
OIC también investiga posibles faltas administrativas
Además de las acciones penales, el titular del órgano interno informó que ocho funcionarios y exfuncionarios, así como una empresa, recibieron notificaciones para comparecer en audiencias iniciales por posibles faltas administrativas graves.
Carvente explicó que los procedimientos continuarán hasta integrar los expedientes correspondientes, que posteriormente llegarán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que determine las responsabilidades conforme a sus atribuciones.
El funcionario también advirtió que el OIC presentará nuevas denuncias si detecta hechos que puedan constituir delitos durante sus investigaciones.
Empresas relacionadas con Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios
El caso también involucra a un grupo de compañías que obtuvo contratos de organismos públicos locales electorales (OPLE). Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 30 de octubre, Carvente señaló que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Según la información presentada, las compañías compartían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes presuntamente formarían parte de una red empresarial que habría simulado competencia para obtener contratos públicos.
El señalamiento también incluye posibles vínculos personales y contractuales con Guadalupe Taddei. Sin embargo, las denuncias y los procedimientos administrativos deberán avanzar para que las autoridades competentes determinen si existieron responsabilidades penales o administrativas.
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