El expresidente de Bolivia, Evo Morales, respondió a las acusaciones de narcotráfico realizadas por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien lo señaló como presunto dirigente de una organización criminal que operaría desde el Trópico de Cochabamba.
Durante un encuentro con medios de comunicación este miércoles 11 de noviembre, Morales rechazó los señalamientos y cuestionó al funcionario por sus presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque no presentó pruebas que acreditaran sus afirmaciones.
El exmandatario recurrió a la ironía para responder a Oviedo, al señalar que, de ser cierta la acusación de que dirige una organización dedicada al tráfico de drogas, el propio ministro tendría que encontrarse bajo sus órdenes.
Asimismo, recordó que anteriormente había cuestionado la situación del funcionario frente a las autoridades estadounidenses y sus posibles restricciones para viajar a ese país.
Ministro acusa a Morales de financiar protestas con recursos del narcotráfico
La controversia comenzó después de que Marco Antonio Oviedo asegurara, durante una entrevista con Radio Erbol, que Morales encabezaría una estructura criminal dedicada a producir y comercializar drogas desde el Chapare.
El ministro también sostuvo que los recursos provenientes de esas presuntas actividades habrían financiado los bloqueos y movilizaciones sociales registrados entre mayo y junio, cuando distintos sectores exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según Oviedo, el liderazgo político y sindical que Morales mantiene en la región le permitiría ejercer influencia sobre las movilizaciones campesinas.
Sin embargo, el funcionario no presentó durante la entrevista documentación que demostrara directamente la responsabilidad penal del expresidente.
Las acusaciones ocurren en un contexto de tensiones entre el Gobierno boliviano y los sectores sociales cercanos a Morales, quienes mantienen una presencia importante en Cochabamba.
Hasta el momento, los señalamientos intercambiados entre ambas figuras no constituyen pruebas judiciales de los delitos atribuidos, por lo que cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
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