La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal está dispuesto a intervenir en el penal de San Miguel, en Puebla, para revisar las condiciones de seguridad y atender posibles irregularidades, pero aclaró que cualquier participación de las fuerzas federales dependerá de una solicitud expresa del gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta.
Durante su conferencia matutina de este jueves 12 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre las denuncias de familiares de personas privadas de la libertad (PPL), quienes han señalado presuntos actos de extorsión, cobros ilegales, amenazas y circulación de artículos prohibidos dentro del centro penitenciario.
Al respecto, Sheinbaum recordó que el reclusorio de San Miguel está bajo la administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, aunque confirmó que el Gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación con las autoridades locales para conocer la situación y brindar respaldo en caso de que sea requerido.
La presidenta fue enfática al señalar que la intervención federal no se realizará de manera unilateral, sino mediante la coordinación institucional con la administración poblana.
“Tiene que ser a solicitud del Gobierno del Estado de Puebla”, puntualizó.
Como antecedente, mencionó el caso de Sinaloa, donde las fuerzas federales colaboran de manera permanente en las revisiones penitenciarias y el decomiso de teléfonos celulares, armas y otros objetos cuyo ingreso está prohibido.
El pronunciamiento ocurre después de las movilizaciones registradas el martes 10 de noviembre, cuando grupos de manifestantes bloquearon distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla, entre ellos la autopista México-Puebla, el Periférico Ecológico y avenidas de la capital.
Las protestas fueron acompañadas de señalamientos sobre presuntas redes de extorsión al interior de San Miguel y exigencias para remover al director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, así como trasladar a internos identificados por los inconformes como responsables de actividades ilícitas.
Un día después, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que los bloqueos fueron organizados por personas contratadas y encapuchadas, algunas presuntamente armadas, que habrían sido utilizadas para hacerse pasar por familiares de reclusos.
El mandatario también aseguró que su administración tiene identificados a quienes estarían detrás de los cierres viales y anunció medidas al interior del reclusorio.
Con la postura de Sheinbaum, la posibilidad de una revisión federal queda abierta, aunque su ejecución dependerá de que el gobierno de Puebla formalice la petición de apoyo.
Foto: Agencia Enfoque
