La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla trasladó a dos personas privadas de la libertad del penal de San Miguel a otros centros penitenciarios, luego de identificar posibles riesgos relacionados con su comportamiento y presunta participación en actividades ilícitas dentro de la prisión.
La dependencia informó que tomó la decisión después de analizar los antecedentes, perfiles criminológicos y comportamiento de ambos internos, además de evaluar los riesgos que representaba su permanencia en el Centro Penitenciario de Puebla.
Sin embargo, la SSP no reveló sus identidades ni los reclusorios a los que fueron enviados, tampoco confirmó si se trata de las personas señaladas por familiares de internos durante las protestas del pasado 10 de noviembre.
A través de un comunicado, la institución explicó que los movimientos buscan preservar el orden y fortalecer la gobernabilidad penitenciaria en San Miguel.
Traslados ocurren tras bloqueos y denuncias de familiares
La decisión de las autoridades ocurre después de que familiares de personas privadas de la libertad bloquearon vialidades de Puebla para denunciar presuntas extorsiones, cobros ilegales y venta de drogas dentro del penal.
Las manifestaciones del 10 de noviembre colocaron nuevamente bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad y el funcionamiento del centro penitenciario.
SSP reporta operativos y decomisos en San Miguel
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que durante 2025 y 2026 realizó inspecciones y revisiones mediante la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Según la dependencia, estos operativos permitieron asegurar diversos objetos y sustancias prohibidas para impedir su ingreso y circulación dentro de las instalaciones.
No obstante, la SSP no especificó las cantidades ni las características de los artículos decomisados.
La dependencia aseguró que continuará con las acciones de supervisión y control para mantener el orden en los centros penitenciarios de Puebla, mientras persisten los cuestionamientos de familiares sobre las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad en San Miguel.
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