Diario RedPolítica

Ecuador arranca la campaña electoral con alcaldes y candidatos presos y asesinados

Las elecciones se realizan con ocho provincias en estado de excepción, reducción de las garantías constitucionales y poder para policías y militares

Las elecciones locales en Ecuador constituyen un medidor de la calificación de la gestión del presidente Daniel Noboa y de su movimiento político. Algo parecido pasó con la Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025, en la que el presidente ecuatoriano perdió en las cuatro preguntas, una de las cuales proponía convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar por completo la Constitución de Montecristi, vigente desde 2008.

Noboa fue posesionado en el cargo en mayo de 2025; los comicios de este 29 de noviembre serán para elegir a 222 alcaldes, 23 prefectos, 1,500 concejales, más de 4 mil vocales de juntas parroquiales y 7 consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es la primera vez que participa el movimiento de Acción Democrática Nacional (ADN), del actual mandatario ecuatoriano, en un proceso local. Por ello, su relevancia: se le considera una elección para medir si mantiene el apoyo que obtuvo en la elección presidencial de 2025, que habría ganado con fraude, según la denuncia de la excandidata presidencial Luisa González, hoy presa política del gobierno de Noboa.

El actual proceso electoral ha sido uno de los más irregulares, excluyentes y judicializados de la historia del Ecuador. Hasta ahora se contabilizan seis alcaldes en funciones presos o con juicios penales que les han impedido su reelección, entre ellos Aquiles Álvarez, de Guayaquil; Cristian Zamora, de Cuenca; Vico Villacís, de Esmeraldas, entre otros; todos ellos opositores de Noboa.

Además, desde el año 2023, cuando Noboa asumió el cargo por primera vez, han sido asesinados ocho alcaldes, algunos de ellos que pudieron ahora optar por la reelección. En todos los casos no hay una sentencia que sancione a los responsables y tampoco una investigación clara que indique los móviles de cada uno de los crímenes.

De hecho, estas elecciones se realizan con ocho provincias en estado de excepción, lo cual implica restricciones para la manifestación, movilización y reunión de las organizaciones políticas con sus simpatizantes, reducción de las garantías constitucionales y poderes extraordinarios para policías y militares.

A todo eso se suma la proscripción electoral de la mayor organización política, la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa. Lo mismo pasó con el movimiento Amigo y la descalificación de candidaturas de otros movimientos bajo argumentos denunciados como improcedentes, que violan el derecho a la participación política, y a pocas horas de la inscripción de las candidaturas.

UAFE y Fiscalía: herramientas de persecución política

En todas estas acciones ha participado directamente el gobierno de Noboa, a través de denuncias de supuesto lavado de activos, como fue el caso de la eliminación como candidata y posterior detención de Luisa González, quien había optado por la Prefectura de Manabí y que en las encuestas superaba el 72% de intención de voto. Incluso, la presidenta de la Asamblea Nacional y coidearia de Noboa, Michel Mancheno, ha sido artífice de la descalificación de diversas candidaturas en varias provincias y ciudades.

A diferencia de otras denuncias, las de Mancheno son acogidas de inmediato por las autoridades electorales y en tiempo récord se sanciona a sus adversarios políticos con la no inscripción, en muchos casos por asuntos de forma en la redacción o presentación de documentos habilitantes.

La herramienta institucional de Noboa para la persecución ha sido el uso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), adscrita directamente a la Presidencia de la República, con denuncias reservadas y anónimas, documentos que los acusados no conocen al momento de la detención o imputación, bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias personales y de las organizaciones políticas.

A eso se une la Fiscalía General del Estado (con un fiscal encargado) y el Ministerio del Interior, realizando allanamientos a alcaldías y domicilios de autoridades para luego generar la narrativa de supuestos actos de corrupción.

La oposición denuncia que a Noboa y a su movimiento no les interesa tener rivales para poder tomar el control de todos los gobiernos locales, que por Constitución son autónomos y descentralizados. Incluso, en las encuestas y sondeos de opinión, la mayoría de los candidatos de la oposición y principalmente quienes militan en la Revolución Ciudadana —y ahora les ha tocado participar en las listas de otros movimientos— lideran las encuestas y podrían ser electos.

La campaña empezó oficialmente el viernes pasado, pero los candidatos oficialistas, junto a las autoridades gubernamentales, empezando por el presidente ecuatoriano, realizaron proselitismo con el uso de recursos públicos, a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral, que ha sancionado a otros candidatos por adelantar campaña, antes del 12 de noviembre.

El mismo Noboa pidió licencia para hacer campaña a favor de sus candidatos y este fin de semana recorrió varias ciudades. Cuando fue candidato presidencial, estuvo obligado a pedir licencia y no lo hizo; la denuncia no fue tramitada por el Consejo Electoral y la Corte Constitucional fue laxa y ambigua en su resolución sobre si debía o no pedir licencia. Por supuesto, para la campaña cuenta con la custodia militar y policial y un equipo poderoso de acompañamiento en cada uno de los recorridos.

Fotografía: Diario Red

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx