Un juez federal condenó a 60 años de prisión al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por su responsabilidad en los ataques registrados en Guerrero durante septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. La sentencia contempla el asesinato de seis personas, entre ellas el normalista Julio César Mondragón Fontes, así como las agresiones contra integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.
La resolución fue emitida por Irving Joan González Balleza, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas. Entre los condenados también figura Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Iguala. El fallo comprende homicidio calificado y tentativa de homicidio contra 61 personas, por hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Sentencia establece responsabilidad de exautoridades de Iguala
De acuerdo con la resolución judicial, Abarca participó como inductor de los delitos, mientras que Flores Velázquez fue considerado autor mediato. La sentencia establece así responsabilidades penales de quienes encabezaban el gobierno municipal y la corporación policial durante los ataques contra estudiantes y civiles.
Entre las víctimas se encuentra Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quien participó en las movilizaciones de aquella noche. Su cuerpo fue localizado al día siguiente con graves lesiones. La defensa de José Luis Abarca impugnó la sentencia de primera instancia, por lo que un tribunal deberá determinar si confirma, modifica o revoca la resolución.
Familia de Julio César Mondragón exige investigar tortura
Tras conocerse el fallo, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia del normalista, reconoció el avance judicial, pero advirtió que la sentencia no contempla los actos de tortura denunciados en el caso.
La organización señaló que la resolución “es un paso después de doce años de espera. También es incompleta: deja fuera la tortura”. Por ello, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar estos hechos con base en los dictámenes forenses existentes e identificar a quienes pudieran resultar responsables.
La familia también pidió que la Fiscalía aborde las omisiones señaladas durante la revisión judicial y que la reparación del daño considere los actos de tortura denunciados. Aunque la sentencia representa una resolución penal sobre los homicidios y ataques cometidos en Iguala, la investigación y sanción de la tortura continúa como una exigencia pendiente de los familiares.
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