Filiberto N., quien fungió como presidente auxiliar de la comunidad de Atopoltitlán, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, fue detenido esta semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Interpol y la Secretaría de Marina. El exfuncionario es señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, relacionado con hechos ocurridos durante su administración.
De acuerdo con la información oficial, la detención se efectuó cuando Filiberto N. arribó al país en un vuelo procedente de Nueva York. Las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión vigente en su contra, por lo que fue interceptado en cuanto pisó suelo mexicano. Tras su captura, fue trasladado inmediatamente a la Casa de Justicia del municipio de Izúcar de Matamoros, donde se llevarán a cabo las primeras audiencias judiciales del caso.
La investigación de la FGE señala que el 6 de agosto de 2020, Filiberto N. habría ordenado la detención arbitraria de varias personas, cuando aún se desempeñaba como presidente auxiliar. Estas personas fueron retenidas de manera ilegal dentro de las instalaciones de la presidencia auxiliar, sin que existiera orden judicial alguna ni que fueran puestas a disposición de una autoridad competente.
El caso fue denunciado por los propios afectados, lo que derivó en el inicio de una carpeta de investigación por parte de la fiscalía poblana. Tras confirmar los elementos suficientes que apuntaban a un abuso de poder, se solicitó una orden de aprehensión al juez, misma que fue concedida y ejecutada tras su llegada al país.
Las autoridades han señalado que la colaboración internacional fue fundamental para ubicar y detener al exservidor público, quien se encontraba fuera del país desde hace algún tiempo, aunque no se ha precisado si tenía residencia en el extranjero o sólo se encontraba de paso.
Por el momento, Filiberto N. permanece bajo custodia en espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica. La FGE continuará con las investigaciones para determinar si existen más personas implicadas en los hechos y si podrían configurarse otros delitos.
Este caso se suma a una serie de acciones legales emprendidas en Puebla contra exautoridades locales que habrían cometido abusos durante su gestión.
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