En el estado de Puebla, la crisis hídrica se intensifica a causa de tomas clandestinas de agua y el acaparamiento industrial del recurso. Durante el último año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó al menos 20 pozos ilegales operando sin permisos en diversos municipios de la entidad, lo que ha encendido alertas sobre la sobreexplotación de los mantos freáticos y sus consecuencias sociales y ambientales.
Según datos revelados por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), la extracción irregular de agua afecta de forma directa el equilibrio del subsuelo, acelera la desaparición de los acuíferos y acentúa la desigualdad en el acceso al agua potable.
El académico Francisco Javier Sánchez Ruiz, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó que este fenómeno genera lo que se conoce como el «efecto popote», un término que describe cómo diversos pozos —legales o no— extraen el recurso desde una misma fuente sin permitirle su recarga natural. Esto pone en riesgo la disponibilidad del agua en un plazo menor a diez años, advirtió el experto.
Además del agotamiento, la extracción descontrolada propicia daños como hundimientos, erosión del suelo y aparición de socavones, especialmente en zonas con alto estrés hídrico.
Francisco Sánchez también subrayó que la industria, particularmente la textil, es una de las principales beneficiadas por la falta de inspecciones federales, operando al margen de la legalidad y con alto consumo del recurso. A ello se suman prácticas individuales como pozos artesanales en viviendas rurales, que, aunque con menor impacto, también contribuyen a la presión sobre los acuíferos.
En San Miguel Xoxtla, el caso de la empresa Ternium México S.A. de C.V. ha desatado fuertes críticas de la sociedad civil. Esta empresa, junto con Concesiones Integrales, controla más del 89% del volumen de agua concesionada en el municipio, según el Registro Público de Derechos de Agua (RPDA).
Ternium, una de las principales productoras de acero en América Latina, extrae más del 66% del total de agua subterránea en la zona, volumen que supera incluso la concesión otorgada a todo el municipio de Juan C. Bonilla. Organizaciones locales denuncian que este nivel de extracción representa una grave inequidad en el acceso al agua y una amenaza directa al derecho humano al agua potable segura.
Además, la empresa fue clausurada a principios de 2025 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que se descubriera la falta de permiso para verter aguas residuales en el río Atoyac. Esta acción se dio en el marco del proyecto de saneamiento de esta cuenca y en respuesta a la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La contaminación del río Atoyac ha sido señalada como responsable de enfermedades graves en las comunidades cercanas, con impactos directos en la salud pública, como aumento en los casos de leucemia y daño renal.
Ante este panorama, grupos ciudadanos en Xoxtla han comenzado a movilizarse, exigiendo justicia ambiental y gestión equitativa del recurso hídrico. Sin embargo, líderes de estos movimientos, como Renato Romero, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores, han sido blanco de persecución judicial, acusados por la empresa Concesiones Integrales por supuestos delitos de despojo y daño en propiedad ajena.
Aunque las acusaciones no ameritan prisión preventiva, los activistas denuncian una campaña legal para silenciarlos. Incluso se ha documentado el retraso deliberado de amparos por parte del Poder Judicial Federal, lo que mantiene en incertidumbre la libertad de quienes defienden el agua.
Frente a este complejo escenario, el investigador de la UPAEP propuso medidas más contundentes, como la instalación obligatoria de sistemas de tratamiento de agua en industrias infractoras, además de reforzar el equipo de inspección de Conagua para frenar la explotación clandestina y restituir el equilibrio del ciclo hídrico.
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