El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, será denunciado por abuso de autoridad, tras un polémico operativo en el rancho “El Ramillete”, donde opera la empresa Agroverdi, propiedad de inversionistas chinos. Durante la intervención, agentes de la fiscalía decomisaron los ahorros de más de 70 jornaleros indígenas, bajo el argumento de investigar trata de personas con fines de explotación laboral.
La Fiscalía estatal afirmó haber detectado a 700 personas en condiciones de “vulnerabilidad”, justificando el operativo como parte de una estrategia para erradicar delitos que violan los derechos humanos. Sin embargo, no existen denuncias formales de explotación laboral por parte de los propios jornaleros, ni testimonios que respalden esa versión.
El abogado de Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, denunció que el operativo fue un montaje y adelantó que presentarán una queja ante la Fiscalía General de la República (FGR). También señaló que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) abrió una investigación de oficio por posibles violaciones cometidas durante la intervención.
Manuela Díaz Ramírez, jornalera embarazada originaria de Ayotzinapa, acusó que la fiscalía le robó 40 mil pesos, fruto de un año de trabajo junto a su esposo. “Creían que ese dinero era robado, pero era nuestro, de nuestro trabajo”, declaró. Además, denunció que su esposo fue detenido injustamente y liberado tras 72 horas.
La mujer negó cualquier tipo de explotación: “Aquí nos tratan bien, tenemos baños, agua, guardería para los niños. Dicen que nos explotan, pero no es cierto”. Añadió que este es el segundo año que trabaja en ese rancho.
El abogado de la empresa aseguró que Agroverdi cumple con las normas laborales, con sueldos semanales entre 2,800 y 5,000 pesos, y condiciones adecuadas de alojamiento y servicios. Reiteró que ni la empresa ni sus directivos han sido citados a declarar y que los 289 mil pesos retenidos por la fiscalía ya fueron devueltos.
Finalmente, Espinoza Moreno denunció que el Ministerio Público actuó sin orden de cateo válida y con base en dos testimonios no ratificados. “No tenemos ningún temor de que judicialicen el caso, porque no hay explotación laboral”, concluyó.
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