El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó como una “medida arbitraria” y “una inaceptable interferencia en el sistema de Justicia de otro país” las sanciones impuestas por Estados Unidos a ocho magistrados de la Corte Suprema de Brasil. La reacción se produce luego de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunciara la revocación de visados a los jueces, acusándolos de una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.
En una declaración oficial, Lula expresó su solidaridad con los magistrados afectados —entre ellos el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso judicial contra Bolsonaro— y sostuvo que “ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, va a comprometer la misión de nuestras instituciones de defender el Estado Democrático de Derecho”.
La medida del gobierno estadounidense forma parte de una creciente ofensiva del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente a Bolsonaro. Trump incluso ha amenazado con imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas si no se detiene el proceso judicial contra el líder ultraderechista.
El juez Alexandre de Moraes, centro de las críticas de Washington, ha ordenado varias medidas cautelares contra Bolsonaro, entre ellas el uso de tobillera electrónica y arresto nocturno. La causa investiga un presunto complot para desconocer los resultados de las elecciones de 2022, que dieron la victoria a Lula, y alienta el apoyo militar a un intento de golpe, como el asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Bolsonaro enfrenta cargos por “golpe de Estado”, “organización criminal”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y otros delitos graves. También están imputados varios de sus antiguos colaboradores y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por supuestamente solicitar apoyo del gobierno estadounidense para intervenir en la justicia brasileña.
El juicio oral está previsto para comenzar entre septiembre y octubre, una vez concluidas las últimas fases procesales. Desde el oficialismo, se advierte que las presiones internacionales no detendrán el proceso judicial en curso. “Brasil no se somete a presiones externas cuando se trata de hacer justicia”, reiteró Lula.
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