La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue requerida para que investigue presuntos abusos durante un operativo realizado en un rancho de Dolores Hidalgo, donde jornaleros indígenas laboran bajo condiciones cuestionadas. Así lo solicitó el diputado federal de Morena, Francisco Javier Estrada Domínguez, quien adelantó que los legisladores federales buscarán dialogar con la titular de la CNDH para presentar los documentos periodísticos que evidencian la situación y pedir una revisión exhaustiva del caso.
Los jornaleros, trabajadores de la empresa Agroverdi, denunciaron que durante el operativo, llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE), les fue confiscado el dinero que habían ahorrado, bajo la sospecha de que el origen de esos fondos podría ser ilícito. Esta acción generó indignación y preocupación por la forma en que se realizó la inspección en el albergue donde residen cerca de 700 trabajadores indígenas.
Por su parte, el representante legal de Agroverdi manifestó que tienen la intención de presentar una denuncia formal contra el fiscal a cargo, Gerardo Vázquez Alatriste, debido a las presuntas irregularidades y abuso de autoridad detectados durante la intervención, ya que se llevó el dinero de 70 jornaleros sin justificación clara.
Una de las afectadas, Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa y con siete meses de embarazo, explicó que le retiraron 40 mil pesos que ella y su esposo habían acumulado durante un año de trabajo, y que a pesar de sus explicaciones, no se les creyó y se puso en duda la legitimidad de sus ahorros.
En respuesta, el diputado federal y un grupo de legisladores locales exigieron al fiscal que aclare responsabilidades y garantice que, en caso de confirmarse la explotación laboral, se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables.
David Martínez Mendizábal, coordinador de los diputados locales, señaló que en el operativo no se respetaron los protocolos adecuados para atender a trabajadores agrícolas, destacando la falta de enfoque en derechos humanos, género, interculturalidad y protección infantil. Asimismo, cuestionó si se contó con traductores para comunicarse con los jornaleros, dado que la mayoría de ellos hablan lenguas indígenas y podrían haber sido vulnerados en sus derechos básicos.
El legislador local calificó el operativo como una acción mal ejecutada, con un enfoque punitivo y policial, agravada por los reportes periodísticos que documentaron abusos y malas prácticas.
El operativo, realizado el 11 de julio, fue justificado por la Fiscalía como parte de una estrategia para erradicar delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación laboral. Sin embargo, el representante legal de Agroverdi calificó la acción como un “circo”, insistiendo en que no hay pruebas de explotación laboral en el rancho.
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