El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó este lunes el retiro de los 700 infantes de Marina desplegados en Los Ángeles, más de un mes después de que el presidente Donald Trump autorizara su envío para reforzar las operaciones federales contra inmigrantes, pese a la oposición de autoridades estatales y locales.
El despliegue, que inició el 9 de junio en el contexto de una serie de protestas por las redadas migratorias masivas, también incluyó el envío de 4.000 elementos de la Guardia Nacional. La presencia de las fuerzas armadas se limitó a edificios federales como el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras instalaciones del gobierno en el centro y oeste de la ciudad.
Durante el operativo, se registraron al menos algunos incidentes menores, como la detención momentánea de un civil que intentaba acceder a la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos, situación que avivó las críticas sobre la militarización del espacio público.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró el anuncio de la retirada como una “victoria para la ciudad y para quienes sirven al país con uniforme”. Durante una conferencia de prensa, Bass estuvo acompañada por representantes de grupos de veteranos que expresaron su rechazo al despliegue militar en territorio nacional. Señaló la alcaldesa:
“La presencia de tropas no puede ser la respuesta a un problema migratorio. Los Ángeles apoya a nuestras fuerzas armadas, pero su lugar no está en nuestras calles cumpliendo funciones civiles”.
La decisión del Pentágono se produce una semana después de que la mitad de los efectivos de la Guardia Nacional también recibieran la orden de salir de la ciudad. Sin embargo, parte del contingente permanece aún en territorio angelino.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha mantenido una postura firme contra el operativo. El mes pasado presentó una demanda contra el gobierno federal, acusando a Trump de violar la ley al desplegar fuerzas militares sin previo aviso ni coordinación con el estado. En la misma acción legal, solicitó una orden judicial para frenar el uso de tropas en redadas migratorias.
Desde Washington, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió la medida asegurando que “la presencia militar envió un mensaje claro: no se tolerará la ilegalidad”.
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han denunciado que el uso de tropas para labores migratorias representa un preocupante precedente de militarización interna y una amenaza a las libertades civiles.
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