Graves violaciones a derechos humanos de migrantes venezolanos salieron a la luz gracias al análisis de Cristosal, organización que documentó cómo los Estados Unidos y El Salvador acordaron, la deportación y detención de más de 250 personas en condiciones ilegales e inhumanas.
Los migrantes permanecieron incomunicados durante meses en cárceles salvadoreñas, sin acceso a abogados ni familiares, y sin que ninguna autoridad asumiera públicamente su custodia. El gobierno de El Salvador alegó que actuaba bajo un acuerdo secreto bilateral con EE.UU., mientras Washington sostuvo que dejó de tener jurisdicción sobre los deportados una vez ingresaron al país centroamericano.
Según el análisis de Cristosal, esta posición es insostenible desde el punto de vista del derecho internacional. “Ningún acuerdo puede eximir a un Estado de sus responsabilidades en materia de derechos humanos si tiene bajo custodia material a las personas detenidas”, advierte el informe.
El carácter secreto del acuerdo también viola el derecho a la información, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Cristosal denunció que las autoridades salvadoreñas clasificaron los datos como “reservados” y se negaron a proporcionar información sobre el paradero y situación jurídica de las personas afectadas.
El informe sostiene que los hechos constituyen un mecanismo de “intercambio de rehenes” fuera del marco del derecho internacional humanitario, en el que los migrantes fueron utilizados como fichas de negociación política, con consecuencias directas para su integridad física, su libertad y su acceso a la justicia.
La detención prolongada e irregular, la incomunicación total y la falta de transparencia reflejan un patrón sistemático de violaciones, responsabilidad directa de ambos gobiernos. Estas prácticas no solo violentan derechos individuales, sino que también ponen en entredicho el Estado de derecho en ambas naciones.
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Fotografía: Redes