LA HAYA, PAÍSES BAJOS, 23 DE JULIO DE 2025. En la sala principal del Tribunal de Justicia de La Haya, se acordó una opinión conjunta que podría resultar determinante para el futuro del planeta, a partir de hoy:
- Que existe una obligación legal para los gobiernos nacionales de atender la crisis climática en los términos previstos en el Derecho Internacional; que esta obligación legal comprende, entre otros factores, la regulación de las corporaciones privadas operantes en sus jurisdicciones.
- Que los gobiernos nacionales pueden incurrir en violaciones sancionables mediante las previsiones del derecho internacional si no atienden la obligación estipulada en el primer punto, haciéndose acreedores a las sanciones correspondientes.
Además, el Tribunal estableció que los gobiernos de países que más emisiones generadoras de efecto invernadero hayan lanzado históricamente a la atmósfera terrestre, deberán acometer las más amplias e inmediatas acciones que prevengan la reconfiguración, desde sus jurisdicciones, de simlares descalabros ambientales; y que la atención a este deber será una precondición para que se pueda afirmar, desde el ámbito legal internacional, que los ciudadanos de dichos países gozan en plenitud de sus derechos humanos.
A pesar de que al momento de la redacción de esta nota aún no se difunde un boletín legal con la sentencia, las deliberaciones pueden verse en la siguiente transmisión:
Independientemente de que no cuente con plenos efectos vinculantes por sí misma, esta hipótesis funcionará como un dispositivo que facilitará la resolución de controversias ambientales en lo subsecuente.
A pesar de que pueda parecer una tesis “sencilla” o “lógica”, arribar a este punto de su formalización en el Tribunal de Justicia más importante de la Organización de las Naciones Unidas exigió transitar un camino retador, dada la magnitud e influencia las corrientes que desde el principio y hasta el momento operaron en contra de esta promulgación, a pesar de su urgencia para el interés común de la humanidad.
La primera versión de la opinión legal nació en 2019, en República de Vanuatu, un archipiélago de Micronesia, en la región sur del Pacífico. En dicho país, Vepaia, que entonces era una niña de diez años, acometió la primera redacción de la Opinión como un proyecto para un programa en que participaba de capacitación a niños y adolescentes que desean promover la conciencia climática, desde el ángulo de los derechos de las infancias: Save The Children Next Gen Programme.
Hoy, Vepaia cuenta con 16 años, escribe poesía y coordina jornadas de limpieza en las costas de Vanatu.
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