La Secretaría de Educación Pública (SEP) logró una victoria legal clave en la defensa del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes: el Poder Judicial federal ratificó que la dependencia tiene plena facultad para prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas del país.
Los tribunales desestimaron los amparos promovidos por empresas y planteles privados que buscaban revertir los Lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, publicados por la SEP el 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Estos lineamientos entraron en vigor el 29 de marzo de 2025, luego de un periodo de implementación de 180 días.
La norma prohíbe la venta y promoción de productos con sellos de advertencia —como refrescos, frituras, pastelillos y otros ultraprocesados— en cafeterías, cooperativas y tiendas escolares. También exige una mayor supervisión en los alimentos que se ofrecen durante actividades extracurriculares, reuniones escolares y eventos especiales.
Las empresas alegaban que la medida violaba su derecho a la libre actividad comercial. Sin embargo, los jueces determinaron que el interés superior de la niñez y el derecho a la salud son prioritarios frente a cualquier argumento mercantil.
Organizaciones de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), celebraron la resolución como una muestra de que el Estado puede y debe intervenir en defensa del bienestar colectivo. Señalaron que esta política es fundamental en un país donde más del 35% de la población infantil padece sobrepeso u obesidad, con consecuencias graves a mediano y largo plazo.
La sentencia también fortalece el precedente legal para que más entidades federativas y autoridades locales adopten restricciones similares, blindando a los entornos escolares frente a los intereses de la industria alimentaria.
Con este fallo, el Poder Judicial envía un mensaje claro: los espacios escolares deben ser zonas libres de productos dañinos, y el Estado mexicano tiene el deber constitucional de garantizar condiciones saludables para el desarrollo de la infancia.
