Kiev, 24 de julio de 2025 – En una jornada marcada por el descontento ciudadano, miles de personas salieron a las calles en Kiev y otras ciudades de Ucrania para protestar contra una reforma impulsada por el presidente Volodímir Zelenski que amenaza la independencia de las agencias anticorrupción del país.
La ley, aprobada por el partido oficialista “Servidor del Pueblo”, subordina a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) al control del fiscal general, un funcionario cercano a Zelenski. La medida ha sido calificada como un retroceso grave por organizaciones internacionales y una traición a los avances democráticos por parte de la sociedad civil ucraniana.
¿Qué está en juego?
Las agencias afectadas nacieron tras la revolución del Maidán en 2014, en respuesta al hartazgo popular frente a la corrupción estructural. Son reconocidas por su autonomía y su papel crucial en el combate a la impunidad. Para la ciudadanía ucraniana, representan uno de los pocos logros concretos de una década de sacrificios y reformas.
El gobierno justificó la reforma como un intento de “blindar” a las instituciones frente a posibles infiltraciones rusas, pero organismos europeos y defensores de derechos humanos advierten que el verdadero propósito es concentrar poder en manos del Ejecutivo y silenciar a los críticos.
Protestas transversales: jóvenes, veteranos y activistas
Las manifestaciones reunieron a personas de todas las edades: desde estudiantes hasta veteranos de guerra y madres de soldados, en un frente común contra el autoritarismo. Una de las pancartas más repetidas resumía el sentimiento colectivo: “Mi padre no murió por esto”.
Activistas como Vitali Shabunin denunciaron la reforma como un intento por controlar políticamente los procesos judiciales y proteger a funcionarios corruptos, mientras que líderes de opinión recordaron que muchas de las promesas de Zelenski se basaban precisamente en la limpieza institucional.
Reacciones internacionales
La Unión Europea, el G‑7 y la OCDE expresaron su preocupación por el debilitamiento de los órganos autónomos. Advirtieron que este paso podría comprometer el proceso de adhesión de Ucrania a la UE y frenar el respaldo financiero internacional.
La presión diplomática y la fuerza de las protestas obligaron al presidente Zelenski a dar marcha atrás parcialmente. Anunció que vetará la ley original y presentará una nueva iniciativa para garantizar la independencia de las agencias. Sin embargo, la desconfianza persiste: defensores de derechos temen que el nuevo proyecto de ley mantenga mecanismos de control indirecto desde la presidencia.
