En un operativo sin precedentes, autoridades federales y del Estado de México llevaron a cabo la denominada “Operación Liberación”, una acción coordinada contra el delito de extorsión que tuvo como saldo la detención de ocho personas presuntamente vinculadas a la organización criminal La Familia Michoacana, así como el aseguramiento de materiales, animales y establecimientos operados por esta red delictiva.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, detallaron que se realizaron 52 cateos simultáneos en 14 municipios, con la participación de 2,866 elementos de seguridad pertenecientes a 63 células operativas integradas por policías estatales, federales y personal militar.
Entre los detenidos destaca Yareli “N”, tercera regidora en funciones del municipio de Ixtapan de la Sal, quien fue aprehendida por su presunta participación en un secuestro exprés con fines de extorsión. Su captura se dio en el marco de los bloqueos carreteros registrados este lunes en al menos ocho puntos del municipio, incluidos el Bulevar Turístico y los accesos hacia Coatepec Harinas y Villa Guerrero, acciones atribuidas a sindicatos ligados a la organización criminal.
La “Operación Liberación” también incluyó la intervención de oficinas sindicales, minas, carnicerías, tiendas de materiales de construcción y de comida para animales, así como centros de paquetería que eran utilizados por el grupo criminal para extorsionar y controlar diversos sectores económicos locales.
Según el fiscal Cervantes, La Familia Michoacana instauró un sistema de control a través de sindicatos fachada como el “Sindicato Libertad” y el “Sindicato Bradosva”, mediante los cuales desplazaron a organizaciones legítimas para monopolizar la venta de materiales de construcción, alimentos y otros productos. Las casas de materiales Jimex, Construrama y Aceros Arriaga funcionaban como puntos autorizados, en donde los precios eran inflados hasta en un 400%.
Además, se documentó que la organización operaba minas como San Juan, Michoacana, Nieto y Velázquez, y controlaba rastros clandestinos en municipios como Tejupilco. En Sultepec, expendios de carne inflaban precios hasta en 300%, y en Texcaltitlán imponían cuotas ilegales de hasta cinco pesos por kilo de ganado comercializado. Incluso el servicio de paquetería fue cooptado: toda la correspondencia era interceptada en Tejupilco y sólo liberada mediante pagos ilegales.
“Este operativo era urgente y necesario para recuperar el control del territorio, proteger a la población y restituir la legalidad en sectores esenciales de la economía local”, declaró García Harfuch. Asimismo, hizo énfasis en la colaboración estrecha entre instituciones federales y estatales para desarticular las estructuras criminales y frenar la violencia y la extorsión que aquejaban a miles de familias mexiquenses.
Las autoridades adelantaron que las investigaciones continúan y que no se descartan más detenciones.
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