Washington, 24 de julio de 2025 – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó imponer monitores GPS en el tobillo a casi todos los 180 mil migrantes inscritos en su programa de “Alternativas a la Detención” (ATD), una medida que organizaciones sociales califican como una forma de encarcelamiento digital masivo.
Según un memorando interno del 9 de junio, la agencia instruyó a sus agentes a aplicar los dispositivos de rastreo “siempre que sea posible”, incluso cuando la persona no represente un riesgo de fuga. Hasta ahora, solo unas 24 mil personas portaban estos aparatos.
Criminalización encubierta
Las pulseras electrónicas utilizadas por ICE permiten rastrear a los migrantes las 24 horas del día. Para activistas y abogados de derechos humanos, esto criminaliza a personas que no han cometido ningún delito, y convierte sus hogares en cárceles sin barrotes.
“Esto es vigilancia invasiva, desgaste emocional, estigmatización social y lucro empresarial disfrazado de política migratoria”, afirmó Laura Rivera, directora de Just Futures Law.
Excepciones limitadas y empresas beneficiadas
El documento contempla pocas excepciones. Solo algunas personas, como mujeres embarazadas, podrían recibir monitores de muñeca en lugar de tobillera.
La empresa privada Geo Group, a través de su filial BI Inc., opera el programa ATD sin licitaciones competitivas. Su negocio crece a medida que se expande la vigilancia, lo que ha sido denunciado como un modelo de privatización de la represión migratoria.
Argumentos oficiales: “control y cumplimiento”
ICE afirma que el uso de GPS es una herramienta para garantizar que los migrantes se presenten a sus audiencias. No obstante, expertos advierten que no existen estudios concluyentes que demuestren mayor efectividad respecto a métodos menos invasivos, como llamadas de verificación o reportes presenciales.
Un giro autoritario en un programa humanitario
El programa ATD fue creado en 2004 como alternativa al encierro en centros de detención. Pero el uso creciente de dispositivos electrónicos está transformándolo en un mecanismo de control punitivo, cada vez más parecido a una prisión domiciliaria para personas sin condena.
Aunque el número actual de inscritos (183 mil) es menor al récord de 378 mil durante la administración Biden, la nueva directriz marca un cambio de enfoque que preocupa a organismos de derechos humanos.
