Detrás de los aerogeneradores que decoran el paisaje de Puebla en municipios como Cañada Morelos, Chapulco, Palmar de Bravo y Esperanza, no solo hay una promesa de energía limpia. Hay también una red de intereses económicos y políticos que favoreció a empresarios locales y trasnacionales, en detrimento de los recursos públicos y del sistema eléctrico nacional.
Iberdrola, una de las principales compañías españolas del sector energético, no llegó sola a Puebla. Lo hizo de la mano del empresario Gilberto Marín Quintero, a través de su firma Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable (ILER). Esta sociedad impulsó la creación de los parques Pier I, II, III y IV, así como una planta solar en el municipio de Cuyoaco. La inversión total de estos proyectos no se ha transparentado completamente, pero se sabe que Pier I por sí solo tenía una capacidad instalada de 221 megawatts y 84 aerogeneradores.
Lo que no se dice abiertamente es cómo una empresa extranjera logró posicionarse como generadora dominante, en un esquema legal que hoy se reconoce como irregular. Iberdrola operó durante años bajo el modelo de autoabasto energético, que le permitió evadir pagos completos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el uso de líneas de transmisión públicas. Bajo este sistema, Iberdrola pudo vender energía a grandes corporativos a precios reducidos, sin que el Estado mexicano recibiera lo justo por esa operación.
Detrás del éxito de Iberdrola en México estuvieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes impulsaron reformas y políticas que abrieron la puerta a estas prácticas. No es casualidad que Calderón terminara trabajando para la misma empresa que benefició desde la presidencia. Peña Nieto, por su parte, consolidó las condiciones para que estas inversiones crecieran y se blindaran ante regulaciones futuras.
En Puebla, la historia no fue distinta. Los proyectos fueron posibles gracias al acceso privilegiado a territorio, permisos ambientales, recursos naturales y conexión a la red nacional, todo bajo condiciones que pocas veces se conocen públicamente. ¿Quién autorizó los terrenos? ¿Qué beneficios fiscales obtuvieron? ¿Qué tan transparente fue la concesión del espacio y los permisos? Las respuestas siguen sin conocerse con claridad.
Hoy, tras el anuncio de la venta de sus activos en México —que incluye las plantas en Puebla— por más de 4,689 millones de dólares, la compañía ha contratado al banco Barclays para gestionar la operación. ¿Quién se quedará con estas instalaciones construidas con respaldo estatal y concesiones generosas? ¿Seguirán en manos de intereses privados o serán recuperadas para beneficio público?
El retiro de Iberdrola no solo debe verse como una transacción comercial. Es también una oportunidad para revisar cómo, durante años, ciertos grupos empresariales lograron enriquecerse bajo esquemas diseñados para privatizar las ganancias y socializar los costos. El caso de Puebla —aparentemente un ejemplo de desarrollo sostenible— podría ser, en realidad, un modelo de negocio opaco, hecho a la medida de unos cuantos.
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