El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quedó bajo fuertes señalamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras no haber logrado justificar de manera completa el uso de los recursos públicos durante su gestión en 2023. El órgano fiscalizador detectó un presunto daño patrimonial por 722 millones de pesos, cifra que representa más del 65% del total observado originalmente.
De acuerdo con el informe entregado al Congreso del Estado por el encargado de despacho de la ASE, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, las anomalías detectadas apuntan a prácticas como adjudicaciones directas sin sustento legal, contrataciones con empresas sin historial y falta de documentación comprobatoria, lo que levanta serias sospechas sobre el manejo de los recursos públicos en ese periodo.
Entre los rubros más delicados se encuentra el de servicios de difusión institucional, donde se ejercieron más de 118 millones de pesos sin evidencia suficiente de que las campañas realmente se llevaran a cabo. La ASE señaló que varios contratos se otorgaron sin licitación, y muchos proveedores no contaban con experiencia en medios de comunicación ni con la infraestructura necesaria para operar.
Algunos contratos fueron asignados a empresas que, según la auditoría, no pudieron demostrar transmisiones efectivas, ni entregaron material que respaldara la difusión de actividades. Incluso, se documentó la contratación de firmas recién creadas y sin historial en el sector, lo que llevó a presumir posibles operaciones de simulación por al menos 54 millones de pesos.
Otro hallazgo grave tiene que ver con el uso de empresas fachada (EFOS), con las que se simularon contrataciones por un monto superior a 147 millones de pesos. La ASE identificó proveedores sin domicilio fiscal comprobable, sin registros activos ante el SAT o incluso en listas negras del propio sistema tributario, lo que abre la puerta a una posible red de desvío de recursos mediante facturación falsa.
La revisión también reveló irregularidades en el área de obra pública y adquisiciones, donde se observaron más de 247 millones de pesos en pagos sin documentación, proyectos no ejecutados y bienes no localizados. A esto se suman casos como gastos en combustible sin bitácoras de consumo, pagos en exceso, fianzas no ejecutadas y anticipos sin garantías de cumplimiento.
La ASE ya ha emitido recomendaciones y solicitudes de aclaración, además de mantener abiertos pliegos de observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas, civiles o penales. El caso se perfila como uno de los más graves en la historia reciente del municipio, no solo por la magnitud del daño económico estimado, sino también por la reiteración de esquemas que sugieren un patrón sistemático de opacidad y posible corrupción.
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