Los sindicatos que representan a los trabajadores del sector petrolero en Ecuador rechazaron de manera contundente los recientes despidos masivos implementados en Petroecuador, la empresa estatal más grande del país. Esta medida forma parte de un plan gubernamental de “modernización y eficiencia del Estado” que contempla la desvinculación de 5.000 empleados públicos.
La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep) manifestaron que la decisión afecta directamente a al menos 246 profesionales especializados, incluidos técnicos, geólogos, geofísicos, ingenieros y operadores cuya experiencia es fundamental para la producción y manejo de hidrocarburos en Ecuador.
Ambos gremios calificaron el proceso de notificación de despidos como una maniobra poco transparente, al señalar que las comunicaciones se realizaron en horarios intempestivos, buscando evitar la reacción pública. Además, consideran que esta acción debilita la capacidad operativa de Petroecuador, justo en un momento en que se necesita reforzar la producción petrolera y recuperar infraestructuras críticas, como el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano y el Oleoducto de Crudos Pesados, que recientemente sufrieron interrupciones.
Los sindicatos también señalaron que la medida resulta contradictoria y peligrosa, especialmente teniendo en cuenta estudios internacionales previos que ya advertían sobre la insuficiencia de personal calificado en la empresa. En concreto, un informe de 2022 de la consultora Arthur D. Little identificó un déficit de más de mil trabajadores necesarios para mantener la cadena productiva petrolera en óptimas condiciones.
Por su parte, desde Petroecuador se defendieron explicando que los despidos forman parte de un proceso de “optimización” basado en un análisis de la estructura salarial y la eliminación de puestos considerados sobrevalorados. Sin embargo, los gremios califican esta explicación como insuficiente y demandan una revisión urgente que garantice la estabilidad laboral y la continuidad operativa.
Frente a este panorama, Antep y Sintep hicieron un llamado a la unidad de los trabajadores, organizaciones sociales y la ciudadanía para resistir lo que definieron como un atentado contra los derechos laborales y la seguridad energética del país. Este rechazo se enmarca además en un contexto donde el Gobierno ha anunciado la reducción de ministerios, con la intención de hacer más eficiente la administración pública.
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