En una jornada marcada por testimonios conmovedores y exigencias de justicia, el Senado de la República inició este miércoles las comparecencias de aspirantes para integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entre los participantes destacan familiares de personas desaparecidas de diversas entidades del país, así como representantes de organizaciones civiles, todos con un objetivo común: fortalecer la búsqueda de más de 100 mil personas desaparecidas en México.
Durante esta primera sesión, un total de 10 familiares y 4 integrantes de colectivos civiles presentaron sus propuestas y trayectorias ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, encargadas de seleccionar los nuevos perfiles que integrarán el Consejo. Los aspirantes contaron con tres minutos para exponer sus planes de trabajo y responder a preguntas de senadores de los seis grupos parlamentarios.
Entre los primeros en comparecer estuvo Francisco Javier Espinosa Granados, quien desde 2007 busca a su hijo desaparecido en Aguascalientes y forma parte del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. También participó Araceli Magdalena Rodríguez Nava, madre del sargento Luis Ángel León Rodríguez, desaparecido en Guanajuato en 2009.
Destacó el testimonio de Olimpia Montoya, cuyo litigio logró impulsar la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, y el de Jaqueline Palmeros Rosas, quien halló a su hija sin vida tras cuatro años de búsqueda, ahora fundadora del colectivo Una Luz en el Camino.
Desde el activismo civil también se presentaron perfiles como el de Omaira de Jesús Ochoa Mercado, ya electa previamente para el Consejo en la Ciudad de México, y Blanca Patricia Talavera Torres, actual integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Consejo Ciudadano tiene como funciones principales asesorar y hacer recomendaciones al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda, así como supervisar e impulsar el funcionamiento de programas, registros y bancos de datos relacionados con la localización de personas desaparecidas. Además, puede emitir denuncias por irregularidades de servidores públicos y tendrá un rol clave en la designación del próximo titular de la Comisión Nacional, tras la reciente renuncia de Teresa Guadalupe Reyes.
Las comisiones legislativas tendrán hasta el 15 de agosto para proponer los nuevos integrantes ante la Junta de Coordinación Política. El proceso se considera crucial no solo por el contexto de violencia y desapariciones en el país, sino por la exigencia creciente de las familias de tener participación activa y vinculante en las políticas públicas de búsqueda.
La lista total de aspirantes está conformada por 23 familiares de personas desaparecidas y 11 representantes de organizaciones civiles, provenientes de distintos estados como Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato y Tamaulipas.
El Senado continuará con las entrevistas en los próximos días, en medio de la expectativa de que los nuevos integrantes del Consejo representen genuinamente a las víctimas y transformen la política de búsqueda en el país.
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