Una investigación publicada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en Washington D.C., reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla minas de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro, desde donde trafica el metal hacia Sudamérica para abastecer la minería ilegal de oro.
Entre 2019 y 2025, el CJNG habría enviado 200 toneladas de mercurio a Perú, Colombia y Bolivia, eludiendo controles aduanales mediante exportaciones disfrazadas como “material de construcción”. Este esquema ilícito generó alrededor de 8 mil millones de dólares, a costa de un grave deterioro ambiental y violaciones a derechos humanos.
Minas militarizadas: mercurio con sello criminal
Según la EIA, el cártel de “El Mencho” tomó el control de cinco minas clave: Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla, militarizando la zona con torres de vigilancia, cámaras y puntos de control. Testimonios locales aseguran que hombres armados patrullan los accesos, y los investigadores de EIA fueron intimidados con amenazas directas.
“La producción se volvió casi industrial”, indica el reporte titulado “Los traficantes no dejan piedra sin remover”, mostrando cómo el narcotráfico diversifica sus fuentes de ingreso más allá de las drogas, ahora mediante minerales estratégicos.
Mercurio mexicano para oro sudamericano
El mercado clandestino del mercurio creció impulsado por el aumento del precio: en mayo de 2025, el kilo alcanzó los 330 dólares, creando una «fiebre del mercurio». “No hay oro sin mercurio”, declaró un minero consultado en Sudamérica, donde este insumo es indispensable para separar el oro de otros materiales.
La minería artesanal e ilegal en la Amazonía se convirtió en un foco de contaminación, y el mercurio mexicano se cotiza hasta 400% más caro que en su lugar de origen, lo que lo vuelve altamente lucrativo para el crimen organizado.
Daño ambiental irreparable y salud pública en riesgo
La ONG denunció que el tráfico ilegal contamina la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, parte del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, con niveles de mercurio 1,400 veces superiores a lo permitido en ríos y 150 veces en suelos residenciales.
El mercurio es uno de los 10 elementos más tóxicos del mundo y no se destruye fácilmente. Su dispersión causa daños neurológicos, renales y reproductivos. En México, una comunidad ya fue intoxicada por residuos provenientes de estas minas, hecho que la ONU calificó como una violación grave a los derechos humanos.
Red criminal con nexos políticos
La investigación también expone que Alejandra Pulido Briseño, ex diputada federal del PAN, fue señalada como pareja y socia del operador del esquema, Juan José Zamorano Dávila. La exfuncionaria trabajó para los gobiernos estatales de Querétaro y Puebla, y conocía el funcionamiento de la red de contrabando.
Para la EIA, este caso evidencia la consolidación de la “trifecta” oro-mercurio-drogas, donde se entrelazan el narcotráfico, la explotación minera ilegal y la corrupción política, agravando el deterioro social y ambiental en la región
Pese a que México ratificó la Convención de Minamata en 2017 —tratado internacional que prohíbe la producción de mercurio—, la extracción aún es legal hasta 2032 gracias a un periodo de gracia que, según la ONG, está siendo aprovechado por grupos criminales para lucrar sin control ni sanciones reales.
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Fotografía: Redes
