Luego de permanecer casi dos décadas privado de la libertad sin sentencia, Israel Vallarta Cisneros fue absuelto del delito de secuestro por una jueza federal, quien ordenó su inmediata liberación del Penal del Altiplano, en el Estado de México.
La resolución fue emitida la noche del 31 de julio por la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. En su fallo, la juzgadora determinó que la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR) no logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas y posesión de cartuchos exclusivos del Ejército.
Argumentó la defensa de Vallarta tras recibir la notificación:
“La acusación no se sostuvo con pruebas sólidas. El caso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo tortura y violaciones al debido proceso”.
La pareja de Vallarta, Mary Sainz, fue quien dio a conocer la noticia públicamente a través de su cuenta de X, celebrando la absolución y convocando a medios de comunicación: “¡Por fin! #IsraelVallartaLibreYa… después de casi 20 años sin sentencia, ¡por fin!”
Israel Vallarta fue arrestado el 8 de diciembre de 2005, junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, durante un operativo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada en ese entonces por Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, y Luis Cárdenas Palomino, también detenido por tortura y secuestro.
Ambos fueron retenidos ilegalmente en el rancho “Las Chinitas”, donde fueron torturados y posteriormente presentados ante los medios en un montaje televisivo transmitido en vivo por Televisa y TV Azteca. Años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó el operativo como una simulación y liberó a Florence Cassez en 2013 por violaciones al debido proceso.
Pese a los antecedentes de su compañera de causa, el caso de Vallarta se mantuvo en el limbo judicial durante más de una década. La última audiencia del caso se celebró apenas en enero de 2025, y fue hasta mediados de julio que un Tribunal Colegiado ordenó a la jueza Vieyra dictar sentencia definitiva, tras concederle un amparo.
Durante este tiempo, la FGR llegó a solicitar una condena de 329 años de prisión para Vallarta, desestimando incluso los dictámenes médicos que confirmaban tortura, validados bajo el Protocolo de Estambul. La Defensoría Pública Federal interpuso múltiples recursos, denunciando la prisión preventiva injustificada, la detención ilegal y la omisión de investigar las violaciones a derechos humanos.
La liberación de Israel Vallarta se convierte en uno de los casos más emblemáticos de la justicia mexicana reciente, al exhibir las fallas estructurales del sistema penal, el abuso de la prisión preventiva y la impunidad frente a la tortura. Su caso quedará como símbolo de los montajes y la fabricación de culpables durante los años más oscuros del combate al crimen organizado en México.
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