Testimonios de 16 migrantes venezolanos revelan torturas, abusos sexuales y tratos inhumanos durante su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Los detenidos pasaron 125 días en condiciones degradantes, tras ser deportados por Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación con el gobierno salvadoreño.
Se documentaron los abusos, entre ellos palizas, aislamiento extremo, hacinamiento, falta de atención médica y agresiones sexuales. Los relatos exponen violaciones a la Convención contra la Tortura de la ONU, suscrita por ambos países implicados.
Los migrantes fueron recluidos sin condena judicial ni antecedentes penales comprobados. Algunos contaban con permisos legales en EE. UU., otros habían solicitado asilo por persecución política u orientación sexual. Sin embargo, fueron deportados bajo la acusación de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, sin presentar pruebas fehacientes.
Las condiciones dentro del CECOT fueron descritas como inhumanas: celdas grupales sin ventilación ni ventanas, luz encendida todo el día, literas sin colchones, falta de privacidad y encierro casi total. En los muros, manchas de sangre y arañazos testificaban el sufrimiento vivido.
Los abusos se agravaron tras una protesta colectiva de los detenidos, que incluyó una huelga de hambre y autolesiones con objetos metálicos. La respuesta fue una represión violenta con balas de goma y golpizas generalizadas. El espacio conocido como “La Isla” fue identificado como uno de los sitios más brutales, donde los castigos incluyeron palizas extremas, tortura psicológica y posiciones forzadas durante horas.
Estados Unidos financió parte del operativo represivo. La administración de Donald Trump otorgó 6 millones de dólares a El Salvador para facilitar estas detenciones. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la deportación alegando vínculos con pandillas, aunque sin presentar evidencias. Washington evitó responder sobre las denuncias de tortura.
Organismos de derechos humanos advierten que podría tratarse de crímenes de lesa humanidad. Isabel Carlota Roby, de Robert F. Kennedy Human Rights, explicó que si Estados Unidos conocía los abusos y participó directa o indirectamente, puede ser considerado responsable internacionalmente. Santiago Cantón, de la Comisión Internacional de Juristas, señaló que hay razones para abrir una investigación ante la Corte Penal Internacional.
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Fotografía: Redes
