A cuatro años del fraude financiero cometido por la empresa AE Capital, con sede en Puebla, por 10 mil millones de pesos, las víctimas no han recibido la reparación de los daños, por lo que exigen que se proceda legalmente contra las cuatro personas implicadas para que este caso no quede impune.
Los afectados solicitaron apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del gobierno estatal para que se haga justicia, pues argumentaron que se trata de un fraude trasnacional, debido a que fueron estafadas dos mil personas del estado, así como de diversas partes del país y del extranjero.
Los principales socios son Luis Antonio Echeverría Fonseca, dueño de la empresa y actualmente prófugo; Gabriel Antuán Ortega Vázquez; Daniela Martina Berlín Tolentino, socia y fundadora de la empresa; y Diego Berlín Tolentino, pero sólo estos dos últimos han sido detenidos y vinculados a prisión preventiva.
En conferencia de prensa, Eliana Bonilla Carmona, asesora jurídica que representa a 29 afectados, explicó que la empresa inició operaciones en 2017 y se dedicaba a brindar servicios de intermediación financiera para inversiones en el mercado de divisas, prometiendo rendimientos mensuales de hasta 3.3 por ciento.
La empresa convenció a los usuarios, mediante redes sociales, a invertir desde los 200 mil hasta 40 millones de pesos. No obstante, en 2020 suspendió los pagos por completo.
Expuso que la financiera justificó que las cuentas estaban congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, razón por la cual no devolvió el dinero a sus clientes.
La abogada resaltó que desde 2021, sólo 200 víctimas de las dos mil han denunciado por fraude, de las cuales 97 lograron la judicialización, mientras que el resto está en proceso.
Resaltó que muchos de los afectados han fallecido, otros se han enfermado y no han podido atenderse debido a que perdieron todo su patrimonio.
Daniela Martina Berlín intenta modificar medida cautelar para salir de prisión
La representante legal, Eliana Bonilla, denunció que Daniela Martina Berlín Tolentino, una de las socias de la empresa, solicitó el cambio de defensa y ha intentado, por segunda ocasión, que un juez modifique la medida cautelar de prisión preventiva para que salga de prisión.
Acusó que esta situación representaría que el caso quede impune y las víctimas nunca obtengan la reparación de los daños, en los que invirtieron todo su patrimonio.
«Es una situación alarmante para mis representados en razón de que Daniela obtuviera su libertad implicaría una impunidad absoluta», aseveró.
En ese contexto, solicitó a las autoridades correspondientes que agilicen las investigaciones y sean aprehendidas todas las personas involucradas, pues reiteró que los principales implicados están prófugos.
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